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Austin/Agencias.- El estado de Texas rescindirá su polémica lista en el que ordenaba a los condados investigar a 100,000 votantes no ciudadanos. Además debe pagar cerca de medio millón de dólares a los abogados de los demandantes a cambio del fin de la demanda, dice un acuerdo judicial difundido el viernes.
Acceden al fin
“Luego de meses de litigación, el estado finalmente accedió a hacer lo que hemos pedido desde el principio, un retiro completo de la fallida y discriminatoria purga de votantes. Termina así este fracasado experimento en supresión de voto”, dijo Andre Segura, director legal de ACLU de Texas, que representaba a uno de los demandantes. “El derecho al voto es sacrosanto y ningún votante elegible debería preocuparse de perder ese derecho. Estamos satisfechos de que el estado haya aceptado darse por vencido en este esfuerzo malintencionado para eliminar a personas del padrón electoral”, dijo Segura. “Continuaremos vigilantes de cualquier otra intención de purgar votantes para asegurarnos que ningún texano pierda su voz en nuestra democracia”.
Agradecimiento
El secretario interino, David Whitley, agradeció a la Legislatura, a los administradores de los condados y a quienes participaron en la demanda por “trabajar con nuestra oficina para desarrollar un proceso de mantenimiento de una lista de votantes sostenible”. “Es vital para los votantes texanos que tengamos confianza en la integridad, precisión y eficiencia en el sistema electoral en el que participan”, dijo Whitley por medio de un comunicado. El acuerdo extrajudicial indica que el secretario de Estado rescindirá su aviso a los condados de la lista de votantes dentro de cinco días de firmado el pacto. Asimismo indicará a los condados a no tomar ninguna acción en conexión con la lista.
Alerta original
En la alerta original, enviada por Whitley en enero, dijo que el estado había identificado a 95,000 personas en el padrón electoral texano que tenían licencia, pero que no tenían ciudadanía. Decía que 58,000 personas en esa lista habían votado en más de una elección desde 1996 y pidió a los condados investigar si extranjeros estaban votando. Los republicanos saltaron enseguida, incluido el mandatario Donald Trump, quien ha dicho por años, sin ninguna evidencia, que el voto de no ciudadanos es rampante en el país. Pocos días después de divulgarse la lista, hubo cuestionamientos a la metodología. Tres demandas en contra del estado indicaban que al menos 25,000 personas habían sido puestas por error y ya habían probado su ciudadanía.
