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Un análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible arrojó que 16 mil 856 hectáreas de manglares del país se encuentran concesionadas a la minería, y otras 372 mil 169 hectáreas cuentan con título de asignación minera, lo que representa que «48 por ciento de toda la superficie de manglares del país podría ser susceptible de ser concesionada a la minería».
Además, el estudio determinó que 11 mil 105 hectáreas de manglares declarados como sitio Ramsar se encuentran concesionadas a la minería, esto es 15 por ciento la superficie de los 142 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar) que suman una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas, «lo que pone en riesgo la permanencia de estos ecosistemas de gran importancia ambiental y biológica».
A pesar de que «tener sitios con esta catalogación obliga al país a emprender las acciones necesarias para su protección y conservación», denunció la organización.
El consejo para la silvicultura destacó que los humedales incluyen una amplia variedad de hábitats, tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas de baja profundidad en marea baja.
Los manglares proveen beneficios ambientales de vital importancia como el control de inundaciones, protección contra huracanes, fuente de nutrientes para ecosistemas vecinos como arrecifes de coral y captura de gases de efecto invernadero, entre muchos otros.
De acuerdo con el Plan Estratégico de la Convención Ramsar 2016-2024, «los mayores cambios en la pérdida de los humedales siguen siendo la agricultura no sostenible y las industrias extractivas, particularmente el petróleo, el gas y la minería», así como «los efectos del crecimiento de la población humana (incluyendo la migración y la urbanización) y los cambios en el uso de la tierra en los que no se tienen en cuenta las consideraciones ambientales».
Un estudio desarrollado por la Conabio y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) identificó en los manglares de La Encrucijada, en Chiapas, el incremento de la sedimentación (azolvamiento) cerca de las desembocaduras de los principales afluentes de los humedales debido a la rectificación de cauces realizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a finales de los años 1990, además del «impulso a la producción de aceite vegetal a través del fomento agrícola a nivel estatal de la palma africana».
Los impactos ambientales negativos de la expansión rápida las plantaciones de palma africana fueron la desecación, salinización y compactación de los suelos, la eliminación de la vegetación original, la contaminación de los suelos por el consumo excesivo de agua y el uso de plaguicidas.
Además, «la palma africana invadió rápidamente zonas con azolvamientos recientes, desplazando al manglar e impidiendo su rehabilitación y reforestación. A esos impactos se sumaron otros factores como la ganadería, la agricultura, el turismo no regulado, la expansión de asentamientos humanos y de infraestructura urbana, afectando a los manglares».
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Por lo que la organización lamentó que en México la regulación de los recursos naturales está dirigida a preservar a las especies o ecosistemas, pero no a regular el uso de suelo donde se encuentran las mismas, así que en una zona en la que se encuentran humedales de gran importancia ambiental puede estar autorizada la agricultura o la minería.
«Muchos de los esfuerzos de conservación y uso sostenible de los manglares y otros humedales por parte de núcleos agrarios y comunidades se ven truncados por políticas públicas impulsadas por el propio gobierno, como el apoyo a la producción agropecuaria insostenible de monocultivos y con grandes cantidades de agroquímicos. Algunas dependencias invierten en conservar, restaurar y reforestar y otras fomentan el cambio de uso de suelo», indica.
Agencias
