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La escena transcurre en tribunales de costa a costa: a los jueces federales se les pide bloquear una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump que está programada a entrar en vigor la próxima semana y que negaría la residencia legal permanente a muchos inmigrantes por el uso de asistencia pública.
Se han interpuesto casi una docena de demandas desde Nueva York hasta California —y algunos de los demandantes son estados, condados, municipalidades, proveedores de servicios e inmigrantes— para evitar que la regla de «carga pública» entre en vigor el 15 de octubre. Un juez de California presidió una audiencia la semana pasada, mientras que un magistrado de Nueva York llevó a cabo otra el lunes. Varias más están programadas para esta semana.
Las demandas solicitan un interdicto preliminar para evitar que se aplique la regulación mientras continúan las apelaciones. Los jueces han indicado su disposición a emitir fallos antes de la fecha fijada para su aplicación.
«He litigado contra agencias federales y estatales a lo largo de los años y nunca había visto algo así», dijo Liz Schott, del Centro de Prioridades de Presupuesto y Política, que ha estado siguiendo el proceso de las diversas demandas. «Es una tremendamente amplia gama de partes interesadas, lo que refleja la enorme importancia e impacto de la regla».
La regla es un paso agresivo del gobierno de Trump para tratar de reescribir las políticas de inmigración de la nación centrándose en negar el estatus de residente permanente a muchos inmigrantes legales a través de lo que se considere «carga pública».
Actualmente, los inmigrantes legales que buscan convertirse en residentes permanentes (un paso preliminar a la naturalización) deben demostrar que no serán un problema para el país o una carga pública, lo que en la práctica se entiende como principalmente dependiente de ayuda de dinero en efectivo, subsidios de ingreso o asistencia pública de largo plazo.
Agencias
