Minoristas, los que surten de armas a cárteles mexicanos

Desde antes que el presidente Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico a finales de 2006, el método de las organizaciones criminales para hacerse de armas y municiones en México fue y sigue siendo el mismo: comprarlas en Estados Unidos.

Buena parte de las armas estilo militar a las que tienen acceso los grupos criminales en Estados Unidos, son adquiridas por compradores minoristas que obtienen permisos o licencias para portación de uso de armas en ese país, según relatos obtenidos de acusaciones penales en las cortes americanas desde 2006.

Texas, Arizona y Nuevo México concentran el mayor número de acusaciones formales, citatorios y otros documentos que se han presentado ante los tribunales estadounidenses en los que se aparecen detalles sobre armas de fuego decomisadas en casos de persecución legal al tráfico criminal de armas, que persigue el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos en ese país.

El último gran golpe fue dado por una corte en Texas que acusó a José Joaquín Soto Jr. de 36 años un ex militar estadunidense que lideraba una banda de otras seis personas que se dedicaban al trasiego de armas de diversos puntos de la nación americana hasta Tamaulipas, donde surtían de armamento al cartel del Noroeste.

Según la acusación de octubre de 2018, Soto compraba a otro intermediario identificado como Brian G. Morris de Yoakum un particular con licencia para comprar armas, pero no así para vender.

Según los testimonios de los inculpados, Morris hizo compras en menos de un año por arriba de los 122 mil dólares. El comprador adquirió más de 170 armas de solo un distribuidor autorizado en Houston, 70 de ellas fueron rifles estilo AK-47, 86 eran estilo AR, seis rifles calibre .50.

Otras compras efectuadas por los inculpados se efectuaron en las ciudades de Victoria, Houston, Dallas en Texas y hasta en Las Vegas, California. Incluso se realizaron a través de páginas de internet. La última acusación en contra de Soto es por el tráfico de 100 armas AK47, 100 armas AR-15, 10 mil municiones calibre 7.62 y más de 500 de otros calibres.

Sus miembros iban a exposiciones de armas, tiendas de artículos deportivos, y tiendas de empeño en busca de armas, municiones y otros artículos para luego entregárselos al cártel a través de otros intermediarios en México.

Morris, de 55 años, dijo a los agentes federales que suministró rifles calibre .50 y rifles estilo AK y AR a Soto o a sus cómplices, Alex Bautista, de 28 años, y Derek Quintanilla, de 29 años, ambos de San Antonio, según documentos judiciales.

Otro presunto cómplice, Samuel Cárdenas, de 26 años, de San Antonio, entregó dinero en efectivo a Morris para realizar un pedido de armas de fuego. Todos trabajaban para «el jefe», identificado en la declaración jurada como Soto.

Según elementos que aportaron las autoridades americanas en la acusación, es que buena parte de las armas que traficaba Soto, fueron recuperadas por las autoridades mexicanas en escenas de crímenes en Tamaulipas, México.

Si bien los casos se reproducen con mayor frecuencia en los estados fronterizos, Violence Policy Center, un organismo que registra y analiza los efectos del tráfico y uso de armas en ambos lados de la frontera, señala que el tráfico y compra de armas y municiones se da en todos los estados de la unión americana a través de redes que se tejen en las ciudades donde la compra de armas es frecuente y mucho más normalizada.

Por ejemplo, en 2012, la corte de Alabama acusó a Gary Lee Madison de cargos de tráfico de armas quien tenía una red de compradores en estados del norte de Estados Unidos, como Illinois, Nebraska y Missisipi.

Según datos de la organización varias de las armas de fuego compradas por Lee Madison fueron recuperadas en México. Por ejemplo uno de sus trabajadores identificado como Blaylock Jr. compró tres armas de fuego para el Sr. Madison en marzo de 2011,incluyendo un rifle de francotirador calibre .50 Barret y un rifle de francotirador Steyr HS50.

El Barrett y otras armas fueron recuperadas menos que dos meses después, en mayo de 2011, en un crimen documentado Sinaloa, México.

Agencias