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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que no se conoce con precisión cuántos niños, niñas y adolescentes residen en centros de asistencia social (CAS) y albergues. Tampoco se les ha podido identificar plenamente, ni saber cuál es su situación jurídica, a pesar de que son frecuentes las violaciones a sus derechos.
Lo anterior se desprende del Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, presentado este lunes.
De acuerdo con el documento, «se carece de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están y cuál es la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes residentes en CAS y albergues».
Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH, dijo que la falta de información origina distintas violaciones graves a los derechos humanos en contra de los niños y adolescentes, lo que ha generado varias recomendaciones como la 18/2018, por el caso del albergue La Gran Familia, que era dirigido por Rosa Verduzco «Mamá Rosa», en Michoacán. La CNDH solicitó información a los sistemas DIF en todo el país, al Centro de Estancia Transitoria de la procuraduría capitalina y el Instituto de Asistencia e Integración Social y contabilizaron 26 mil 372 niñas, niños y adolescentes albergados en CAS entre enero de 2014 a febrero de 2016, con una actualización de diversos datos al 31 de julio.
«Desde luego, que debo hacer la aclaración de que son cifras susceptibles a cambios por la movilidad (de los menores)», explicó Eslava Pérez.
Hidalgo, Michoacán y Yucatán no respondió las solicitudes,
Para la CNDH es preocupante que no haya sido posible identificar en qué tipo de CAS, privado o público, se encuentra 42.7% de las niñas, niños y adolecentes debido a que las autoridades correspondientes no proporcionaron información al respecto.
«Lo anterior es preocupante dado que las autoridades son las responsables de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes y están obligadas a saber dónde se encuentran y cuál es la situación del ejercicio de sus derechos fundamentales», aseguró Ismael Eslava.
De acuerdo con la información, en México hay 877 centros de asistencia social de los que 119 son públicos y 562 privados.
Sin embargo, Chihuahua, Jalisco y Colima no dieron detalles de la naturaleza jurídica de 196 inmuebles.
Sobre el género de los menores tampoco hay cifras claras, el informe especial detalla que con los datos proporcionados se sabe que un 30.2% son del sexo femenino y 32.9% del masculino, no obstante, las autoridades no proporcionaron información sobre el sexo del 36.7% de la población restante.
La CNDH advierte que luego de que no se recibió información de 17 entidades federativas y que con los datos recopilados no se puede dimensionar el número real de personas que son canalizadas a centros de asistencia social y albergues.
Lo que para Ismael Eslava es una situación muy delicada, pues refleja «que no existe una atención diligente por parte de las autoridades de procuración de justicia sobre los casos donde niñas, niños y adolescentes se ven involucrados».
Además, no hay personal suficiente para atender a la población infantil y juvenil que permanece en los albergues y que carece de cuidados parentales. Además, este personal no tiene una capacitación homologada, es decir, en cada estado se oferta capacitación de manera distinta y a criterio de las autoridades en turno.
La CNDH propuso al gobierno incorporar en sus planes, programas y estrategias a la población menor de edad residente en centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país, adoptando «medidas diferentes» para garantizar así el acceso a todos sus derechos en condiciones de igualdad respecto a otros grupos de la población menor de edad.
A la Cámara de Diputados de forma normativa le propone la modificación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para así establecer «la prohibición expresa del castigo corporal» y de paso armonizar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ismael Eslava insistió que la falta de información sobre los centros es un obstáculo para la toma de decisiones de las autoridades, así como para realizar un seguimiento efectivo de la situación de cada niña, niño y adolescente que se canaliza a ellos.
Por su parte, Minerva Gómez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana recalcó la necesidad de «cuidar a los que cuidan», ya que en su opinión estos ante la falta de condiciones óptimas para realizar su trabajo, «viven un desgaste profesional» que los orilla a cometer irregularidades, como por ejemplo la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
Agencias
