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La disputa entre México y Bolivia por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera un asedio y hostigamiento a sus sedes diplomáticas en La Paz podría acabar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque la vía del diálogo no está cerrada.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que preparan la denuncia por el despliegue de casi un centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz porque viola los tratados internacionales sobre derechos y protección del personal y de las instalaciones diplomáticas. Además, se quejó por la utilización de drones, aparentemente, para vigilar esos enclaves.
Bolivia volvió a negar el jueves tales acusaciones. Afirma que no ha violado la integridad de las sedes diplomáticas y que es México el que ha tenido “injerencia” en sus asuntos internos al cobijar a ciudadanos bolivianos que tienen órdenes de captura en su contra.
A pesar de las posturas enfrentadas, el subsecretario mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes, instó a la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, a encontrarse en un país intermedio para encontrar una ruta de diálogo y el propio López Obrador abogó por que “se recapacite” y “prevalezca la sensatez”.
Horas después, los bolivianos emitieron un comunicado en el que hablaron por primera vez de mantener un “diálogo constructivo con México” y en la cuenta oficial de la cancillería interina se indicó que dichas conversaciones tendrían que ser directamente entre Longaric y Ebrard.
El país andino vive una crisis política desde las elecciones de octubre, que generaron protestas y denuncias de fraude. El 10 de noviembre, presionado por el ejército, el entonces presidente Evo Morales renunció, en lo que algunos países –entre ellos México– consideraron un golpe de Estado y fue asilado primero en territorio mexicano y luego en Argentina.
Agencias
