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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que en la aprobación de la ley contra delitos fiscales, el legislativo no haya tomado en cuenta las voces que alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá en la certidumbre y la inversión, por un temor que generará a las empresas formales.
En un comunicado, el organismo que preside Carlos Salazar Lomelín, pidió sensatez al gobierno en su implementación y advirtió de manera contundente y sustentada especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos del país.
«A pesar de ello, no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos. Hacemos un exhorto a las autoridades, a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores y no a los contribuyentes cumplidos», afirmó.
Reiteró que el CCE apoya la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, ya que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidió en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito.
«Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta, generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes», advirtió.
Resaltó que para invertir las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad.
«Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos», aseguró el sector empresarial.
El CCE señaló que las audiencias públicas parlamentarias no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo que impacta a todos los ciudadanos.
Agregó que combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que comparten, «pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país».
Agencias
