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La Iglesia católica de Costa Rica aseguró que desconocía el paradero del sacerdote Mauricio Víquez, quien fue arrestado ayer en Nuevo León para su eventual extradición para que enfrente cargos por violación y abusos contra un menor de edad.
»La Curia Metropolitana, como lo ha indicado previamente, no ha tenido contacto con el imputado ni conocimiento de su paradero», afirma un escueto comunicado.
Agregó que ante la captura del sacerdote «la Curia Metropolitana ha manifestado reiteradamente que Víquez tiene que responder ante la instancia correspondiente por los hechos que se le imputan».
Además, la entidad religiosa se puso a la disposición de las autoridades «para lo que requieran».
Víquez fue detenido el domingo en Nuevo León, México, tras ocho meses en fuga.
Salió de Costa Rica en enero pasado tras haber sido denunciado penalmente por violación, caso que prescribiría en septiembre próximo cuando la víctima cumpla 28 años, 10 después de su mayoría de edad.
Un juzgado penal de Costa Rica giró el pasado 19 de febrero una orden de captura internacional contra Víquez, quien fue denunciado en octubre de 2018 por una supuesta violación sexual contra un menor que habría ocurrido en 2003, cuando ejercía como sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, San José.
El cura también se enfrenta a otras nueve denuncias canónicas interpuestas por hombres que fueron en su mayoría monaguillos en iglesias de Tres Ríos, provincia de Cartago (centro), y Patarrá. Estas denuncias no se tramitan en el ámbito penal porque están prescritas.
Este caso propició que en abril pasado el Congreso aprobara una ley que amplía en 15 años el tiempo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Con esta reforma, ahora los casos de delitos sexuales contra menores tendrán un tiempo de prescripción de 25 años a partir del cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima, 15 más que los 10 años estipulados anteriormente.
Tras el caso de Víquez salieron a la luz otra serie de denuncias contra sacerdotes por abusos y violación de menores, lo cual ha generado una crisis dentro de la Iglesia Católica en este año 2019.
En Costa Rica, país de 5 millones de habitantes y donde la religión católica está estipulada como oficial en la Constitución de 1949, la crisis obligó a la Iglesia católica, acusada también de supuestamente encubrir casos, a pedir perdón en dos ocasiones este año por los delitos sexuales cometidos por sacerdotes, y a comprometerse a dar mayor prioridad a la atención de las víctimas.
En marzo, las autoridades judiciales allanaron las oficinas de la Curia Metropolitana y el Tribunal Eclesiástico en busca de evidencias en el marco de las investigaciones sobre delitos sexuales contra menores.
Agencias
