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Con 429 votos, el pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal para tipificar el delito de desplazamiento forzado interno, con ello, se establecen sanciones de seis a 12 años de prisión a quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia.
El dictamen enviado al Senado para su análisis, aprobación y eventual aprobación, añade un artículo 287 BIS al Código Penal Federal a fin de crear un tipo penal que identifique el desplazamiento forzado interno como una conducta delictiva.
En su argumentación, la Comisión de Justicia señaló que el desplazamiento forzado ha sido calificado como “una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos” porque aqueja a uno de los grupos poblacionales más desprotegidos que enfrenta condiciones de vida que se traducen en pérdidas materiales y afectaciones psicológicas y sociales.
Detalla que el desplazamiento forzado genera la ruptura familiar, la desintegración de vínculos sociales y culturales, pone término a relaciones de empleo sólidas y limita o dificulta el acceso al sistema educativo. Además, ocasiona que las personas que huyen no tengan garantizados muchos de sus derechos humanos.
El proyecto busca prevenir y sancionar el fenómeno del desplazamiento forzado, es decir, cuando las personas huyen de sus hogares de residencia habitual por consecuencias de actos criminales y violaciones de derechos humanos.
Durante su posicionamiento, a nombre de la fracción de Morena, Sebastián Aguilera, dijo que no se puede permanecer indiferente ante este problema que afecta a diversos estados del país, dijo que el desplazamiento forzado vulnera los derechos de los ciudadanos y aún más cuando no existe un tipo penal que sancione este delito.
Dijo que, aunque es complicado tener una cifra exacta de la población afectada, existen estimaciones que señalan más de 329 mil 917 personas desplazadas en México contabilizadas hasta el año de 2017. “Este tipo de movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos”, sostuvo.
Al respecto y para fijar su posicionamiento, la diputada del PAN, María del Rosario Guzmán, coincidió en las cifras demuestran un aumento considerable de personas desplazadas en el país en los últimos años. Todo esto, dijo, a causa de la creciente violencia y las amenazas de la delincuencia organizada en varias entidades.
“Es un gran avance que en este dictamen se han reconocido como víctimas de este delito a aquellos grupos vulnerables, tales como niñas, niños, adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas. Y que sean castigados con agravantes quienes les agravien con este ilícito”, subrayó.
Agencias
