Congreso de Guerrero aprueba la legítima defensa

Por unanimidad, el Congreso de Guerrero aprobó modificaciones al Código de Procedimientos Penales que implican la exclusión de delito a quienes lesionen o asesinen a sus agresores dentro de sus propiedades, en centros de trabajo y también cuando se encuentre en riesgo inminente su vida, familia, comunidad afectiva o el patrimonio.

La propuesta fue presentada en tribuna por el presidente de la Comisión de Justicia, Omar Jalil Flores Majúl, con el aval de todos sus integrantes.

De esa manera, la legítima defensa se justifica cuando se aplique contra quien entre sin autorización al hogar o negocio de los ciudadanos, con el objeto de causar daño.

El dictamen de la Comisión de Justicia implica la reforma al artículo 31 del Código Penal del Estado de Guerrero, en el que se determina la exclusión de causas de delito y el 81, que indica el exceso en la causa de justificación.

El diputado Flores Majul explicó que hasta ahora, la legítima defensa en Guerrero quedaba a criterio del juez, pero con la reforma aprobada se especifica que se aplicará al hecho de causar daño, lesión o privación de la vida, salvo prueba en contrario, contra quien ingrese sin derecho al inmueble donde se encuentre el hogar o lugar de trabajo de la víctima, de su familia, comunidad afectiva o a las de cualquier persona que tenga la obligación de defender.

En cuanto al artículo 81, referido a los excesos, se agregó que no se considerará exceso en defensa legítima propia cuando la persona que se defienda esté en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite de su respuesta o racionalidad de su defensa.

La intención de los diputados locales, es garantizar “que no se cometa una injustica por ejercer el derecho de defenderse».

El diputado por Morena, Alfredo Sánchez Esquivel hizo una adición para que la legítima defensa se extienda a ejidos, bienes comunales, ejidales, así como en pequeña propiedad.

La intención de dicho aporte, es no dejar ninguna posibilidad para que el ciudadano al ejercer su derecho a la defensa de su familia o patrimonio, se coloque en el riesgo de sufrir alguna sanción.

Agencias