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21/06/18.- El gobierno federal lidiaba el jueves con las consecuencias de la decisión del presidente Donald Trump de dejar de separar a las familias en la frontera, sin contar con un plan para reunir con sus padres a los más de 2.300 niños ya separados de ellos, y con la inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria.
En un día lleno de confusión y reportes contradictorios, el gobierno comenzó a elaborar planes para albergar hasta 20.000 migrantes en bases militares. Sin embargo, las autoridades dieron versiones contradictorias sobre si esas instalaciones serían únicamente para menores o para familias enteras.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia acudió a la corte para intentar revocar un acuerdo concretado hace décadas que limita a 20 días la cantidad de tiempo que los niños migrantes pueden estar detenidos con sus familias.
Mientras tanto, alcaldes demócratas y líderes religiosos viajaron a la frontera sur para incrementar la presión sobre las duras políticas migratorias de la Casa Blanca.
Y en la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, los fiscales federales no presentaron cargos contra 17 inmigrantes. Un fiscal federal dijo que “no se buscó un enjuiciamiento” tras la orden ejecutiva de Trump que puso fin a la práctica de separar a las familias.
No estaba claro si ello significaba que el gobierno de Trump está abandonando su política de “cero tolerancia”, la cual exige que todos los adultos que sean detenidos por ingresar al país de manera ilegal sean procesados judicialmente.
Agencias
