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20/02/19.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) contabilizó un monto de 68 mil 136 millones de pesos pendientes de aclarar por entidades del gobierno federal, estados y municipios correspondientes al ejercicio presupuestal de 2017.
Al hacer la tercera y última entrega de las auditorías sobre la Cuenta Pública 2017 a la Cámara de Diputados, el auditor superior David Colmenares precisó que durante los primeros meses de su gestión se presentaron 54 denuncias penales y las que se deriven del penúltimo año del sexenio de Enrique Peña Nieto se interpondrán cuando se cuente con todos los elementos para tal efecto.
Adicionalmente, Colmenares detalló que al 15 de enero pasado se habían logrado recuperaciones por 131 mil millones de pesos, recursos que habían sido desviados o ejercidos de manera irregular y, como producto de la acción fiscalizadora, se logró reintegrar a la Tesorería de la Federación o al patrimonio del propio ente auditado.
Colmenares se refirió a casos relevantes como el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), donde cuatro auditorías de obra determinaron deficiencias tanto en la planeación y elaboración de proyectos ejecutivos, como en la ejecución y supervisión de obras y servicios, por un total observado de 3 mil 212.9 millones de pesos, de los cuales han sido recuperados sólo 26.4 millones de pesos.
Por lo que hace a las reformas estructurales, la ASF determinó que la energética no refleja un avance en el cumplimiento de sus fines, dado que la inversión en el sector se redujo 59.7 por ciento en 2017, al igual que la extracción de crudo, ya que en el periodo 2013-2017, ésta disminuyó 6.2 por ciento en promedio anual.
Pemex Transformación registró pérdidas netas por 44 mil 599 millones de pesos, «que se explican por el incremento, en 851 por ciento del número de tomas clandestinas, que pasaron de mil 323 en 2011 a 12 mil 58 en 2018».
Por lo que hace a la reforma educativa, el auditor Colmenares remarcó ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados la falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en profesionalización docente; deficiencia en mecanismos de coordinación ineficientes; las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente, además de hallar opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Agencias
