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Ciudadanos de Matamoros que votaron a favor de la candidatura de Américo Villarreal para gobernador, se presentaron en la plaza Miguel Hidalgo para ratificarle su apoyo mediante la firma de un documento que es promovido también por personas con otra ideología, pero que apuestan por la estabilidad del gobierno y la tranquilidad social.
En una jornada diurna, los electores han expresado su respeto al proceso electoral, que si bien evidenció algunas situaciones muy cuestionables, se llegó dentro de la normalidad, logrando Villarreal el mejor posicionamiento.
Respetar
Hoy salieron nuevamente a manifestar su inconformidad por parte del gobierno saliente, porque parece no importarles las condiciones de inseguridad a ingobernabilidad que pudieran generarse con un nuevo conflicto político, por el desconocimiento de dicho proceso, donde se vio favorecido el doctor Villarreal.
No podía faltar el diputado Alberto Granados, que acudió a firmar la hoja de respaldo a la administración de Villarreal, así como presionar que el gobernador en funciones se supedite a la legalidad y la transparencia por la forma como ha manejado la elección.
A través de su firma, los ciudadanos reiteran su respaldo al gobernador electo, se manifiestan contra un posible desconocimiento del proceso, con el fin de que un tercero sea quien lleve las riendas de la entidad.
Legalidad
El objetivo es que las autoridades electorales respeten y valoren la voluntad popular en las urnas, desalentar un intento de desconocer el proceso electoral, ya que consideran que no hay justificantes para ello, salvo por el intento de la autoridad saliente por proteger su retiro de la administración pública.
En la plaza Miguel Hidalgo y Costilla se dieron cita las personas que acudieron a la firma del documento, que será presentada ante la autoridad que convenga en caso de ser necesario.
El diputado Granados expresó que se busca promover la legalidad del proceso, hacer valer la autonomía de las instituciones, para que no dependan de la voluntad del Ejecutivo del Estado, que busca conseguir de cualquier forma que el gobernador electo asuma funciones el 1 de octubre, porque sabe que no podrá evadirse de su responsabilidad en aquellas situaciones que se detecten como anomalías en su desempeño público.
