Trump revela la estrategia más poderosa para atrapar a indocumentados en Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, lanzó una ofensiva migratoria de gran escala bajo el nombre de Operation Take Back America , (Operación Recuperar América), una estrategia impulsada por el Departamento de Justicia que busca frenar el ingreso de personas sin documentos y desmantelar redes criminales ligadas a la migración.
La medida, descrita como una de las más severas implementadas durante su administración, representa un nuevo capítulo en el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el mandatario republicano.
Como parte del plan, se ha activado a agencias federales clave como los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) y el Programa Proyecto Vecindario Seguro (PSN), lo que refuerza el enfoque de seguridad nacional que el gobierno está aplicando al fenómeno migratorio.
La operación busca no solo detener la entrada irregular de personas, sino también fortalecer la presencia federal en la frontera y en el interior del país mediante equipos especializados.
Entre las prioridades declaradas de esta iniciativa se encuentran: la contención de la migración ilegal, el desmantelamiento de cárteles de drogas vinculados al tráfico de personas, y la ampliación de recursos para fuerzas de seguridad interna.
Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del plan ha sido la propuesta de reinstaurar la pena de muerte como herramienta en su lucha contra delitos relacionados con la migración, una medida que ha generado intensas reacciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Este despliegue coincide con las declaraciones del propio Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas que incluyen redadas en centros de trabajo. A diferencia de su primer mandato, las operaciones ahora también alcanzan zonas rurales y agrícolas, donde anteriormente se había mantenido una política más laxa. Uno de estos operativos en una granja de California resultó en la muerte de un trabajador, lo que ha intensificado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza.
Frente a las crecientes críticas, la administración ha enfrentado múltiples demandas en distintos estados. Una reciente resolución judicial impidió al gobierno realizar detenciones basadas exclusivamente en perfiles raciales y sin derecho a representación legal. No obstante, altos funcionarios como la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el encargado de la seguridad fronteriza, Tom Homan, han reiterado que apelarán la decisión y seguirán adelante con el plan.
Pese a los cuestionamientos legales y éticos, la Casa Blanca mantiene firme su postura y continúa defendiendo la operación como una herramienta necesaria para lo que describe como la recuperación del control del país frente a una supuesta “invasión migratoria”.
Agencias