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Luego del tiroteo registrado ayer en la primaria Robb de Uvalde, en Texas, México ha desplegado asistencia consular a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en busca de mexicanos afectados.
Las representaciones consulares en Eagle Pass y en San Antonio se mantienen pendientes de solicitudes de auxilio consular. Éstas son las dos ciudades de mayor tamaño cercanas al pequeño condado de Uvalde, de apenas 16 mil habitantes, que se encuentra a poco más de una hora de la frontera con Piedras Negras en Coahuila.
Como parte del despliegue diplomático mexicano, el cónsul en Eagle Pass, Ismael Naveja, se encuentra desde ayer en Uvalde para ayudar a las familias mexicanas que pudieran estar involucradas en lo que se considera ya como la segunda mayor masacre de este tipo después del tiroteo de Columbine, acontecido hace 23 años.
Paralelamente, la cancillería a través de la dirección de Protección Consular y Planeación Estratégica, a cargo de Maki Teramoto, mantiene contacto con autoridades estadunidenses y ha ofrecido asistencia a mexicanos y sus familias que pudieran resultar afectados por el tiroteo que, de momento, suma 21 muertos de los cuales se sabe 19 son niños que no rebasan los 10 años de edad.
Desde agosto pasado, el gobierno mexicano mantiene una demanda en Estados Unidos en contra de los principales fabricantes de armas en ese país, a los que acusa de comercio negligente que, de acuerdo con el argumento principal del alegato, tiene como principales consecuencias masacres de este tipo en ambos lados de la frontera.
De hecho, la llamada masacre de Sandy Hook, ocurrida en 2012, donde también un tirador solitario abrió fuego en una escuela primaria, matando en el acto a 26 personas de las cuales 20 eran niños pequeños, es uno de los principales precedentes de la demanda del gobierno mexicano presentada el año pasado en un tribunal de Massachusetts.
En febrero de 2014, los familiares de las víctimas de Sandy Hook presentaron una demanda en contra del fabricante de armas Bushmaster Firearms (parte de Remington Outdoor), el distribuidor Camfour Inc y la tienda de armas de East Windsor que vendió un rifle de asalto tipo AR-15 que el perpetrador de esa masacre, Adam Lanza, utilizó para dispararle a niños indefensos.
La demanda argumenta que la forma en que estas empresas vendieron y comercializaron el arma de estilo militar, es decir, que fue fabricada expresamente para ir a la guerra, en el mercado civil es una forma de negligencia que los hace responsables de la muerte de los niños y maestras durante el tiroteo de hace una década.
El argumento utilizado por las víctimas de Sandy Hook es similar al utilizado por el gobierno mexicano en contra de las compañías fabricantes de armas, pues en la demanda presentada en agosto pasado se alega que el comercio negligente de éstas facilita el tráfico ilegal de armas a través de la frontera con México, donde los grupos criminales son el principal comprador.
“Esto va a seguir ocurriendo mientras haya fácil disposición de armas. Sea en la economía número uno del mundo, en la 15 o en la 190. Pierden los padres a sus hijos. Todos perdemos. Ganan las empresas que fabrican y comercian las armas. Hagámoslos responsables”, apuntó al respecto en redes sociales Salvador Tinajero, Consultor Jurídico Adjunto de la cancillería.
En ese mismo sentido, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la cancillería y quien es el encargado de la estrategia de litigio mexicana en la demanda contra las empresas fabricantes de armas, lamentó en redes sociales que este tipo de armas, como las utilizadas en la masacre de Uvalde, sean vendidas a civiles.
“El lobby de armas ha logrado que armas de guerra, de tipo militar, con potencia que deja irreconocibles a sus víctimas, sean vendidas a civiles sabiendo el daño que causan. Esa falta en prever, en prevenir el daño es negligencia y las empresas deben hacerse responsables”, escribió en su cuenta de Twitter.
Agencias
