Siguen sin solventar desfalco por casi 30 mil mdp en sexenio de Peña Nieto
No hay evidencia de que damnificados de los sismos de 2017 y productores de leche y de café hayan recibido los apoyos prometidos. Tampoco hay sustento que demuestre que una parte del dinero destinado a las obras del malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, hayan sido destinados para los fines presupuestados.
Estas y otras irregularidades constituyen un desfalco por casi 30 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, daños patrimoniales que continúan sin denuncia y sin castigo.
De más de 700 expedientes abiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el mal uso de recursos públicos en 45 dependencias del sexenio pasado, ya se debieron haber presentado denuncias penales o administrativas o exigido el reembolso del dinero.
Pero, de acuerdo con una revisión realizada por MILENIO a las bases de datos de la ASF, eso no ha ocurrido: 710 pliegos de observaciones, en los que se detallan presuntos daños patrimoniales, continúan “en seguimiento”, sin que se proceda a nuevas acciones.
Se trata de expedientes en los que se documentó el mal uso de 29 mil 978 millones 61 mil 714.62 pesos entre los años 2016 y 2018.
Sin embargo, a la fecha, no hay rastro de dónde quedó ese dinero.
Por el tiempo ya transcurrido, esos expedientes ya debieron haber evolucionado en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), informes de faltas administrativas o el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
Entre el monto desfalcado se cuentan los más de 7 mil millones de pesos de recursos que tendrían que haberse destinado a los damnificados de los sismos del 2017 o los más de 6 mil millones de pesos de apoyos que debieron repartirse a campesinos o los casi 2 mil millones de pesos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.
En la lista de dependencias con irregularidades estancadas están también la Presidencia de la República, Diconsa, Liconsa, las secretarías de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Hacienda, de Educación, la Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales, entre otros.
Según información de la ASF, a la fecha no se ha promovido ningún fincamiento de responsabilidad resarcitoria de los años 2017 a 2021.
En materia de procedimientos penales, el más reciente informe de la ASF reporta que de la Cuenta Pública 2013 hay 22 denuncias penales contra instituciones del gobierno federal; de 2014, hay 24; 49, de 2015; 37, de 2016; 76, de 2017, y 32 de 2018.
El próximo mes, antes del 20 de febrero, la ASF presentará nuevos resultados de auditorías realizadas al presupuesto ejercido en 2021, que se acumularán al rezago que arrastra el órgano fiscalizador.
La aparente lentitud de la ASF para proceder contra ese posible desfalco ya es un tema de preocupación en la Cámara de Diputados, pues se corre el riesgo de que el desvío de esos recursos prescriba y quede sin sanción.
En noviembre, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro pidió a la Comisión de Vigilancia de la ASF, encabezada por el diputado Pablo Angulo, un priista de Campeche, que elabore un diagnóstico del seguimiento que la ASF ha dado a ese tipo de expedientes iniciados entre 2010 y 2020.
De acuerdo con la ley, la ASF tiene 120 días hábiles, poco más de seis meses, para actuar después de que la dependencia haya contestado el pliego de observaciones emitido, el cual debe ser respondido a los 30 días de que el órgano fiscalizador se los hace llegar.
Por ejemplo, los expedientes más antiguos corresponden a irregularidades por casi 300 millones de pesos que fueron detectadas en las obras de entubado en el Río de los Remedios, la construcción de los túneles Chimalhuacán II y de Churubusco-Xochiaca y del Túnel Emisor Poniente II, gastos que se hicieron en el año 2016.
El plazo para que se aclarara el uso de los recursos se cumplió durante 2019 y, a cuatro años, no hay ninguna denuncia por el caso.
Los plazos de los expedientes más recientes, de 2018, vencieron durante 2021 y a la fecha no se ha procedido contra ellos.
Agencias