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Sin duda algunas los nuevos indicios encontrados por la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR(, con el hallazgo de nuevos restos que pertenecen al normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, y las deficiencias u omisiones que hubo de los funcionarios de la entonces PGR en este caso, podrían extenderse al ahora secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, recientemente dado de alta tras la operación a la que fue sometido, por las lesiones que recibió a manos de sicarios contratados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El reciente mensaje difundido por el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, donde daba a conocer la orden de detención y ficha roja de Interpol del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por este caso, junto a los 46 mandamientos judiciales contra servidores públicos de diversos municipios de Guerrero. A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada, y es “necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República”, de ahí que García Harfuch como funcionario de la extinta PGR al menos existe la posibilidad de que sea citado a declarar por la representación social de la Federación en torno a las nuevas investigaciones, que por el momento llevan alrededor de más de 20 nuevas diligencias.
La relación de García Harfuch tiene su origen en lo acontecido el 16 de noviembre de 2016, cuando madres y padres de los 43 normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos a finales de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, entregaron un escrito a la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, donde se anexó un texto periodístico de un semanario de circulación nacional titulado
“Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa”, en donde aparecía el nombre y teléfono de Omar García Harfuch entre los contactos del celular del líder de la empresa criminal “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias.
En esa ocasión la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó como pruebas, para solicitar la formal prisión por delincuencia organizada y portación de armas en contra de Casarrubias Salgado, –auqnue después fue exculpado por falta de pruebas–, los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal estaba una libreta negra asegurada en octubre de 2014 donde estaba el nombre y teléfono del jefe de la policía preventiva de la CDMX, que por aquella etapa fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal.
El elemento de prueba no fue entregada por las autoridades federales de ese momento al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Omar García desde 2019 era cuestionado por sus lazos familiares, sus supuestos vínculos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” el cual se constituyó tras la caída del cártel del Pacífico o de “Los Beltrán Leyva” que comandaba Marcos Arturo Beltrán Leyva “El Jefe de Jefes” o “El Barbas” abatido durante un enfrentamiento que tuvo con las fuerzas especiales de la Marina en la zona urbana Altitud de Cuernavaca, Morelos, era jefe de Cleotilde Rentería fundador de “Guerreros Unidos” en el caso Ayotzinapa y por una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos.
García Hurfuch es hijo de Javier García Paniagua, quien fue titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante la llamada “Guerra Sucia” en los años 70, y nieto del general Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional en 1968, año del movimiento estudiantil que terminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año.
Según el portal WikiLeaks, desde 2009 García Harfuch y 11 agentes de la Policía Federal eran investigados por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica por presuntas irregularidades o actos delincuenciales. En 2010 había sido investigado por participar en un curso antipandillas en El Salvador, según esta información.
Agencias
