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La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se hizo por un cálculo plenamente político que beneficiará a la actual administración en las próximas elecciones del 6 de junio, ya que no se contemplaron criterios técnicos ni económicos, aseguraron legisladores y el sector privado del país.
Durante el segundo día del foro “Electricidad para el Futuro de México”, la senadora Claudia Ruiz Massieu, aseguró que el actual gobierno tiene una visión del país que quiere construir, y que en consecuencia del tipo de Estado que se quiere consolidar, por lo que esta reforma sólo es para apuntalar esa visión y el proyecto que tienen, “no hay que perder de vista que esto hay que leerlo en clave política”.
“Su motivación es política, y no tengo duda, de que se realizó un cálculo político de los réditos políticos que puede representar para el gobierno de la República y para su partido, estamos en un año electoral y más allá de las implicaciones jurídicas, y del costo que se ha hablado, no podemos perder de vista esa motivación política”, afirmó.
En tanto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reiteró que los 60 mil millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad, alguien los tendrá que pagar, y que será con los recursos fiscales o costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país.
“Con esta iniciativa, nuestro comentario y nuestra crítica es, primero, que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado; segundo, que los criterios económicos no han sido el soporte tampoco de esta iniciativa, y tercero, que los costos son clarísimos”, resaltó.
Expuso que la legislatura es un parlamento que debió haber permitido que todos expusieran sus puntos de vista, “dijéramos qué es lo conveniente y que verdaderamente la representatividad que tiene el Poder Legislativo de representar a todos los mexicanos pudiese estar representada en la posibilidad de argumentar”.
Par el ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Beaker, la reforma a la ley eléctrica viola distintos acuerdos internacionales que tiene México, por lo que dijo es importante que esto sea tomado en cuenta para que el país deje de perder credibilidad de las inversiones extranjeras.
“Los compromisos internacionales por supuesto que deben ser tomados en cuenta; es algo que se tiene que analizar con mucho cuidado. De las cosas de las cuales México había logrado construir una reputación intachable, en casi tres décadas de participación en los mercados internacionales, era ser un país que cumplía sus compromisos, que seguía al pie de la letra los tratados que firmaba”, sostuvo.
Resaltó que esta ley atenta con los compromisos internacionales, lo cual dijo ya es muy grave; “no solamente con las afectaciones monetarias lo cual sigue siendo muy grave, sino con esa imagen de nuestro país que se construyó a lo largo de muchos años, y que se puede poner en riesgo en el momento que más lo necesitamos”.
“Con el ambiente macroeconómico que tenemos tan delicado, donde el año pasado el PIB del país se contrajo 8.5 por ciento, lo que tendríamos que estar buscando, es cómo recuperar todo eso que se perdió. Y la medida va al centro de la credibilidad y competitividad del país”, concluyó.
Agencias
