Reemplazo de jueces atora procesamiento de migrantes
HOUSTON — El año pasado, cuando las autoridades texanas comenzaron a imputar el delito de invasión de propiedad privada a los migrantes que cruzaban desde México, se encontraron con un problema: los dos condados rurales a los que se les encomendó la tarea de procesar los casos se saturaron.
Uno de los problemas —como las cárceles sobrepobladas o la falta de abogados defensores— fue que no había suficientes jueces, en especial en el condado de Kinney. El estado llevó a tres juezas en retiro para ayudar, desde finales del verano.
Luego, el mes pasado, el fiscal del condado acusó a las juezas de falta de decoro. Al día siguiente, fueron remplazadas por otros jueces seleccionados por la principal autoridad judicial del condado, el juez Tully Shahan.
Los defensores de los migrantes acusaron a Shahan de remplazar a los jueces que no emiten los fallos que él quiere para acabar con lo que denomina una “invasión de extranjeros ilegales”.
El programa, creado el año pasado por el gobernador Greg Abbott y conocido como Operación Estrella Solitaria, autoriza a los departamentos de policía estatales y locales a establecer alianzas con los propietarios de los ranchos fronterizos y a valerse del delito de invasión de propiedad privada para detener a los migrantes que pasen por sus tierras. Sólo dos de los 32 condados fronterizos del estado (Kinney y Val Verde) adoptaron esa estrategia.
Más de dos mil 500 migrantes, todos ellos hombres, fueron arrestados por el delito de invasión de propiedad privada (según el programa de Texas, las mujeres y los niños que se encuentran en propiedad privada se entregan directamente a los funcionarios de inmigración). Alrededor de 900 siguen detenidos en prisiones estatales.
Las tres juezas en retiro asignadas en un principio para asistir al condado de Kinney —Vivian Torres, Kitty Schild y Genie Wright— dijeron que podían ayudar.
Ofrecí analizar todos los escritos de habeas corpus que se pudieran añadir a mi expediente”, comentó Schild.
En lugar de dejar que las juezas atendieran los casos, el fiscal del condado, Brent Smith, presentó documentos ante el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas para evitar que concedieran más audiencias de la defensa o que permitieran la liberación de los migrantes bajo fianza personal. Smith escribió que las juezas habían discutido indebidamente sus casos con los abogados defensores por correo electrónico sin incluir a los fiscales del condado. Las juezas han negado haber actuado de manera indebida.
A mediados de diciembre, las audiencias que Torres tenía programadas fueron presididas por Allen Amos, quien fungió como juez en otro condado rural. Muchos de los casos de inmigrantes detenidos a principios de septiembre presentaban versiones del mismo proceso: una solicitud de libertad condicional sin pago alguno o con una fianza personal; luego, una negativa de Amos; después, un hombre, a menudo de México, que aceptaba declararse culpable.
Tras la puesta en libertad, los hombres eran trasladados bajo custodia de las autoridades federales de inmigración. Muchos son deportados de inmediato, pero muchos otros acaban quedándose en Estados Unidos mientras se procesa su solicitud de asilo.
Agencias