Organizaciones piden a la Suprema Corte revocar intervención de la Guardia Nacional en tareas migratorias
Organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva la acción de inconstitucionalidad 62/2019, que señala que las atribuciones legales de control y verificación migratoria de la Guardia Nacional son contrarias a los derechos humanos.
A tres años de haber sido presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Corte permanece sin resolverla, mientras los abusos y violaciones a derechos humanos en contextos migratorios crecen, subrayaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
En la acción de inconstitucionalidad a la que refiere el recurso amicus curiae –información o datos provistos, de manera voluntaria, por terceros ajenos a un caso–, la CNDH considera que los apartados de la Ley de la Guardia Nacional que le permiten inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, al igual que la prohibición de injerencias arbitrarias.
Alejandra Elizalde, coordinadora del programa de género y migración de la organización Formación y Capacitación AC, radicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, detalló en entrevista que las agrupaciones ha detectado efectos muy serios en violaciones a derechos humanos desde que la Guardia Nacional se incorporó a los procesos de control migratorio. En particular, el Colectivo ha documentado un incremento en el número de quejas y testimonios que reciben, principalmente en la atención a mujeres.
Por lo tanto, consideró que el recuso presentado es un elemento más para la labor de incidencia y denuncia con el fin de revocar la incorporación de la Guardia Nacional, así como de las fuerzas militarizadas, en los territorios en general pero particularmente en los flujos migratorios. En él, se recaba la información documentada por las organizaciones sobre abusos y violaciones a los derechos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidos por elementos de la GN, cuya composición es castrense en más de un 80%.
La información presentada, de acuerdo con las organizaciones, permitirá que para resolver la acción de inconstitucionalidad, que gira en torno a las facultades consignadas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, la Suprema Corte cuente con insumos sobre los riesgos y consecuencias que esto tiene para los derechos humanos de las personas migrantes.
Elizalde recordó que desde su propia formación, la Guardia Nacional fue, en buena medida, una respuesta a las nuevas políticas migratorias mexicanas, que a su vez están ligadas a intereses geopolíticos regionales: “Nace para el control migratorio, cuando no habría ninguna razón para ello. Se supone que este país reconoce la migración como un derecho humano básico”.
A esto se suma que la detención migratoria es inconstitucional, y esa ha sido una de las principales funciones de la Guardia Nacional, de acuerdo con las organizaciones, lo cual incluye la privación de la libertad de personas en estaciones migratorias y su resguardo, así como revisiones en retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos.
Agencias