“México incumplió obligación del derecho internacional”; ignoró ficha roja, acusan
El gobierno de México incumplió deliberadamente una obligación del derecho internacional al “apagar” una orden de captura internacional con fines de extradición vigente desde 2006, en contra de Rodrigo Granda, conocido como El Canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguró el fiscal paraguayo, Rogelio Ortúzar.
Rodrigo Granda es acusado de haber asesorado a la banda delincuencial que secuestró y asesinó en diciembre de 2004 a Cecilia Cubas, hija del entonces presidente de Paraguay Raúl Cubas. El cuerpo de Cecilia fue encontrado cinco meses después en una fosa; tenía signos de tortura.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Ortúzar dijo que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México se negaron a recibir documentación del caso, argumentando que era “horario inhábil”, no obstante que se activaron los canales diplomáticos.
El fiscal Rogelio Ortúzar aseguró que se había establecido un plazo de ocho horas para realizar el proceso de extradición de Granda, pero que, en cinco horas, el guerrillero —que estuvo 13 horas en territorio mexicano—, fue puesto en un vuelo de regreso a Colombia, donde tiene inmunidad por existir un proceso de negociación de paz entre el gobierno y las FARC.
El llamado Canciller de las FARC llegó a México como invitado del Partido del Trabajo (PT), como parte de una delegación para participar en un seminario internacional. Y por la ficha roja de la Interpol debió de haber sido arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México, cosa que no ocurrió y además se allanó su salida rumbo a Colombia, horas después de su llegada.
Por esta situación, el fiscal paraguayo dijo que “sin duda, hay frustración, fundamentalmente porque la orden de captura estaba debidamente fundada: tenía características de una orden internacional de aprehensión, expedida por una autoridad competente como lo es un juez penal de control y garantías constitucionales; fue renovada la orden e ingresó por los canales correspondientes que es Interpol.
"Esto tiene repercusión de código rojo de prioridad absoluta en la detención de esta persona a nivel mundial y nos encontramos con la desagradable noticia de que la misma orden de detención no fue cumplida por un gobierno".
De acuerdo con el fiscal sudamericano no es la primera vez que Rodrigo Granda es liberado tras una captura realizada. Sucedió en el contexto del secuestro de Ingrid Betancourt —que duró 6 años, entre 2002 y 2008—, cuando el guerrillero fue liberado en Colombia y no se liberó a Betancourt.
—¿En qué momento se activó el código rojo?, preguntó Beltrán del Río.
—La orden de detención con fines de extradición, el código rojo está activo a nivel mundial, tenemos información oficiosa, no oficial, de que (Granda) fue advertido desde Colombia y aun así decidió volar a México, en donde al ingreso le comunican la orden de detención y se origina todo este impasse que concluyó con la vuelta a Colombia.
"Para nosotros —sigue el fiscal— es absolutamente inexplicable cómo un gobierno decide hacer oídos sordos y volverse ciego ante la expedición de una orden internacional de detención, sobre todo cuando existe un tratado bilateral firmado entre México y Paraguay en materia de extradición de criminales".
Explicó que si bien es cierto es una prerrogativa, y tampoco lo desestimamos, de cada gobierno de hacer uso de sus facultades políticas-administrativas en cuento a expulsar a una persona, “lo que no comprendemos es la falta de voluntad de cumplir una orden de detención internacional, estaba en sus manos absolutamente cumplirla, porque de hecho no es una prerrogativa cumplir una orden de captura internacional, sino es una obligación, una obligación establecida en el derecho internacional público, además de que hay un tratado firmado entre ambos países, en cual adquiere una transcendía mayor a las leyes de cada país”, dijo.
El fiscal de Paraguay Rogelio Ortúzar señaló que no es precisa la ficha informativa hecha pública por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que, cuando Paraguay solicitó la detención, el guerrillero ya se había ido de México.
"De hecho, ninguna orden de detención internacional puede ser activada o desactivada en cualquier momento, salvo que exista una declaración judicial en contra. Mientras eso siga activo, eso es tal cual, no se le puede apagar y prender tantas veces o cuando uno quiera, eso está ahí hasta que se cumpla la orden de aprehensión y se comunique y eventualmente el poder judicial decida qué se hace con esta persona".
De acuerdo con el fiscal, el gobierno mexicano notificó al paraguayo a las ocho de la noche, tiempo de Paraguay, que en México serían las seis de la tarde. “Según información que tiene el Ministerio Público se activó el canal diplomático se acercaron documentos; inclusive hay información de que se negaron a recibir información por la hora inhábil; se dio plazo de ocho horas, pero en cinco se encargaron de poner de vuelta en un avión y regresarlo a Colombia”.
Agencias