INE multa al PRI con 97.9 mdp por beneficiarse con desvíos de César Duarte en campañas del 2015
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar al PRI con 97.9 millones de pesos por beneficiarse de un esquema de triangulación de recursos públicos desde el gobierno de César Duarte en Chihuahua, durante las campañas del 2015, lo que el partido advirtió que impugnará.
Los representantes del PRI, Hiram Hernández y Marco Mendoza, alegaron que el asunto debía devolverse para que se considerara que existe una investigación en Chihuahua, donde se acredita que el ex fiscal torturó al exsecretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero, para que se declarara culpable de éste y otros delitos.
Sin embargo, tras más de dos horas de debate, los consejeros coincidieron, con excepción de Adriana Favela y Uuc-kib Espadas, que no tendría sentido tomar en cuenta una supuesta tortura, pues existen evidencias de que el ex secretario de Finanzas del PRI firmó los recibos del dinero proveniente del gobierno estatal en 2015, y fue presuntamente torturado años después.
El proyecto detalla que en el 2015, el Partido Revolucionario Institucional recibió ilegalmente de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua recursos públicos por la cantidad de 39 millones 166 mil 666 pesos, a través de 13 cheques.
El INE comprobó que se creó una red para desviar recursos públicos a través de 14 cheques emitidos desde la Dirección de Recursos Humanos por cinco millones de pesos, 6.6 millones de pesos y siete millones de pesos bajo el concepto de “pagos extraordinarios por compensaciones”.
Estos cheques que eran cobrados en efectivo, por la empresa de valores Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V. se trasladaban a la tesorería estatal y lo entregaban directamente al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, quien a su vez, los entregó de manera directa a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de finanzas del PRI con motivo de “apoyo extraordinario”, y éste firmaba cada uno de los recibos.
Pero los priistas alegaron en varias ocasiones que el proyecto no contaba con pruebas que demostraran que el dinero ingresó al partido.
“En todo caso, sus actos fueron realizados a título persona, aprovechándose de la investidura que tenía en ese momento, sin conocimiento delas dirigencias de ese momento a nivel estatal o nacional.
“No se tiene certeza de que hubiese recibido cantidades de dinero provenientes de la administración loca, pues la autoridad electoral no pudo arrogarse de los recibido originales que presuntamente recibió, por lo que tampoco pudo ordenar un dictamen pericial en grafoscopía para comparar las firmas”, explicó el diputado priista Hernández.
Lo que replicó el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera quien señaló que había documentación oficial, que no dejaban lugar a dudas de que el exsecretario de finanzas del PRI recibió ese dinero.
“Hay documentación de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los estados de cuenta de la secretaria de hacienda de donde salieron los recursos; declaraciones del tesorero y secretario de hacienda y de otros funcionarios en los que se confirma el procedimiento para a extracción de recursos y el mecanismo utilizado para hacerlo líquido y entregarlo al PRI.
“Hay información y documentación del Servicio Panamericano donde acredita al disposición en cheque de los recursos y su traslado al gobierno de Chihuahua; hay estudios de gafoscropía que acredita la participación del secretario de finanzas del PRI y con esa personalidad recibió los recursos”.
Además, exhibió que el PRI ni siquiera acudió a las audiencias que solicitaban y nunca presentaron este tipo de argumentos dentro del proceso de investigación.
Los priistas insistieron en que esta aprobación genera un grave precedente en el INE porque la única prueba con que cuentan está vinculada con tortura, lo que todas las consejerías volvieron a replicar,
“Nos reenvío la fiscalía esa certificación, obviamente hay un recibo original que no puede estar en todos lados, está en la Fiscalía y nos dan copia certificada. La orden de aprehensión se ejecutó en 2021, este señor fue fiscal de 2016 a 2021 y quien firmó los recibos lo hizo en 2015, es decir, cronológicamente no tendría absolutamente nada qué ver, si el hecho lamentable de tortura queda acreditado.
“No veo cómo es que una cosa tenga qué ver con la otra. Los recibos fueron firmados en 2015, el otro señor empezó a ser fiscal hasta 2016 y por lo tanto, el caso de tortura no puede acreditarse para justificar que el partido no es responsable porque sí está demostrado que el señor recibió, y no es cualquier persona, es el secretario de Finanzas del partido”, agregó la consejera Carla Humphrey.
Agencias