Hacen agua los sueños de deportaciones masivas de Donald Trump; no ha llegado a su meta
A casi dos meses de asumir el poder, la administración de Donald Trump se enfrenta a una serie de desafíos para cumplir su promesa de ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia de EE.UU. Aunque su retórica ha sido agresiva y su equipo presume una reducción del 90% en la llegada de migrantes a la frontera con México, los arrestos en el interior del país siguen por debajo de sus objetivos.
El llamado "zar fronterizo", Tom Homan, ha reconocido que los resultados no son los esperados. Actualmente, se registran en promedio 37 mil deportaciones mensuales, una cifra inferior a las 57 mil que se ejecutaban durante la administración de Joe Biden. Homan ha sido insistente en la necesidad de incrementar los arrestos, algo que incluso el propio Trump le recalca semanalmente en llamadas personales.
Falta de recursos y obstáculos legales
Uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Trump es la falta de recursos para la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informes recientes, ICE arrastra un déficit de aproximadamente 2 mil millones de dólares, lo que ha complicado la ejecución de deportaciones masivas.
El Congreso aprobó recientemente una ley de financiamiento que asigna 430 millones de dólares adicionales para centros de detención, transporte y costos de deportación, además de 136 millones de dólares para reforzar el Departamento de Justicia. Sin embargo, activistas y organizaciones defensoras de migrantes sostienen que esta asignación no resolverá la crisis migratoria, argumentando que se necesitan reformas estructurales para atender el rezago en los procesos legales.
Además de los problemas presupuestales, Trump ha encontrado obstáculos en el sistema judicial. Un juez del Distrito de Columbia ordenó la suspensión de deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y exigió el regreso de 261 migrantes expulsados a El Salvador. Pese a la orden, Trump optó por entregar a un grupo de venezolanos vinculados a la pandilla Tren de Aragua y a miembros de la MS-13 al gobierno de Nayib Bukele.
Resistencia en ciudades santuario
Otro desafío que enfrenta la administración de Trump es la negativa de las llamadas "ciudades santuario", gobernadas por alcaldes demócratas, a cooperar con ICE. Estas ciudades han implementado políticas que limitan la colaboración con las autoridades federales en temas migratorios, dificultando las detenciones.
Ante esto, el gobierno de Trump ha promovido la "auto deportación" a través de la aplicación móvil CBP HOME, que permite a los migrantes iniciar su proceso de salida voluntaria. Sin embargo, la falta de cifras oficiales sugiere que la estrategia no ha tenido el impacto esperado.
A pesar de la presión de la Casa Blanca y de los esfuerzos por endurecer las políticas migratorias, la realidad del sistema sigue limitando la ejecución de deportaciones masivas. La combinación de obstáculos judiciales, restricciones presupuestarias y resistencia local han convertido la promesa de Trump en una misión más complicada de lo previsto.
Agencias