Exinvestigador de armas de fuego de EU traficó ilegalmente armas a México
Un exinvestigador de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (AFT) por sus siglas en inglés está acusado de traficar armas a México mientras era empleado de la oficina en 2017, según una carta enviada al director de ese organismo esta semana por el senador estadounidense Charles Grassley.
José Luis Meneses, un ciudadano mexicano que trabajó como investigador para la ATF en el consulado de Estados Unidos en Tijuana, admitió haber comprado en línea piezas de armas de fuego, así como en una tienda de armas de California y traficarlas a México con fines de lucro en 2017, según la carta y un memorando de entonces de la agencia obtenido por Reuters. El caso no había sido reportado anteriormente.
El tráfico de armas estadounidenses hacia el sur a través de la frontera es un tema diplomático de primer nivel en México. Funcionarios mexicanos acusan a sus homólogos estadounidenses de no hacer lo suficiente para detener el flujo ilegal de estas armas, que, según dicen, ayudan a dotar a los cárteles de la droga y contribuyen a la alta tasa de homicidios del país.
Según la ATF, casi el 70% de las armas de fuego rastreadas, utilizadas para cometer delitos e incautadas en México provienen de Estados Unidos.
La carta de Grassley fechada el 18 de octubre, que cita el memorando de la ATF de 2017 y la información descrita como “divulgaciones de un informante”, acusó a la agencia de no realizar una investigación completa sobre el asunto.
“Si estas divulgaciones protegidas son verdaderas y precisas, ilustran una falla por parte de la ATF a la hora de responsabilizar a sus empleados por conducta criminal inapropiada”, según la misiva.
La carta de Grassley también generó dudas sobre cuánta información los funcionarios estadounidenses dijeron a sus homólogos mexicanos sobre las acusaciones de tráfico de armas por parte del Meneses, un punto que podría avivar las tensiones entre los dos países.
Un funcionario diplomático mexicano de alto nivel dijo a Reuters que se pedirá una investigación.
“Exigiremos que se llegue al fondo para llevar a los responsables de estos actos ante la justicia y que jamás se repitan este tipo de acciones”, dijo.
La ATF confirmó que había recibido la carta y dijo que, en general, investiga las acusaciones y toma las medidas apropiadas, negándose a discutir detalles del caso.
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que eso es lo que sucedió en este caso.
“La embajada descubrió actividad sospechosa, revocó el acceso al recinto en un día, hizo una investigación y lo despidió en un mes. Es terrible que haya sucedido, pero así es exactamente como se supone que debe funcionar”, dijo.
El gobierno estadounidense “no tolera ese tipo de comportamiento”, añadió.
Agencias