EU publica sanciones contra políticos y empresarios por vínculos con el CO
El Departamento del Tesoro incluyó a Carlos Alberto Torres Torres y a otras 20 personas, además de 25 empresas, en una nueva lista de sanciones de OFAC.
El gobierno de Estados Unidos incluyó al exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres, en una nueva ronda de sanciones contra personas y empresas que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están relacionadas con redes de corrupción y actividades del Cártel de Sinaloa.
La medida fue adoptada el 29 de septiembre y publicada este 6 de octubre en el Registro Federal. En total, OFAC designó a 21 personas y 25 empresas bajo disposiciones relacionadas con el combate al tráfico internacional de drogas y el financiamiento de actividades criminales.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Torres Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y proteger sus operaciones en Baja California. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue sancionado y, según la dependencia, habría participado en el manejo de recursos a través de empresas y campañas políticas.
La lista incluye además a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y al exfuncionario aduanal Rafael Buenrostro Martín. Estados Unidos los señala de proporcionar apoyo al Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados también aparece Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien el Tesoro identifica como líder de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense de las personas designadas. Asimismo, las personas estadounidenses tienen, como regla general, prohibido realizar transacciones con ellas. Las restricciones también alcanzan a empresas propiedad, directa o indirecta, en 50% o más de personas bloqueadas.
El aviso corresponde a una medida administrativa de OFAC y, por sí mismo, no constituye una acusación penal ni determina responsabilidad judicial en Estados Unidos.
Agencias | Milenio