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La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados inició el análisis de la iniciativa de Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés propuesta por la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para garantizar el desempeño imparcial de los servidores públicos.
Con ese fin, los funcionarios del gobierno federal estarían obligados a vender o ceder a un fideicomiso “ciego” sus activos e intereses económicos particulares relacionados con el sector en que desempeñarían sus actividades.
El proyecto suscrito por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y sus correligionarios Manuel Gómez y Marco Andrade prevé prohibir a los servidores de públicos buscar, solicitar, exigir, obtener o aceptar obsequios, regalos o similares, salvo en el ámbito privado, siempre y cuando no ponga en riesgo la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad en el desempeño de su cargo.
Establece asimismo el impedimento de los entes públicos para celebrar contratos o cualquier tipo de instrumento jurídico con empresas de las que servidores públicos de alto nivel formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento.
En reunión virtual con la comisión legislativa, el coordinador del programa anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Max Kaiser, sostuvo que la obligación de los servidores públicos para separarse de sus bienes y patrimonio logrados durante su vida solo originaría problemas como la simulación a través de prestanombres.
Sostuvo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es “buena y sólida”, por lo que recomendó revisarla y ajustarla a la realidad con algunos de los conceptos que propone la iniciativa.
El coordinador general del grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, David Merino, coincidió al señalar que la ley vigente es buena, aunque perfectible, por lo que recomendó enriquecerla con “proposiciones valiosas” de la iniciativa.
Las diputadas Martha Elisa González, del PAN; Ximena Puente, del PRI, y Ruth Salinas, de MC, llamaron a evitar una sobrelegislación e incluso la contraposición de ordenamientos en materia de conflictos de intereses.
Coincidieron en su manifestación por perfeccionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en lugar de expedir más leyes.
Agencias
