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Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le acabaron las excusas. El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 confirma que en su gobierno sí hay corrupción, y mucha. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación expone que en su primer año de su gestión se presentaron irregularidades por más de 100 mil millones de pesos en el manejo de recursos públicos.
Una revisión completa al informe revela que 56 mil millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, a los recursos cuyo ejercicio es responsabilidad de los gobiernos estatales. La mala noticia es que la cifra de 44 mil millones les corresponde a los funcionarios de su gobierno y es mayor a los 30 mil millones que se malversaron en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, señalada como “la más corrupta de la historia”.
Para poner claros los números, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018 se determinaron irregularidades por 174 mil millones de pesos al ejercicio del presupuesto, una cifra 74% superior a la que se reporta para el primer año de la Cuarta Transformación. No obstante, de ese monto de irregularidades durante el cierre del sexenio priísta, 144 mil millones correspondieron a gasto federalizado, mientras que el restante se refiere a los recursos malversados por las dependencias del gobierno peñista, es decir, un monto menor que el de la gestión actual.
En suma, el gobierno de la 4T presentó en su primer año de administración un monto de irregularidades 47% superior al de su antecesor, aquel que en palabras del propio López Obrador saqueó al país y cometió excesos; el mismo que debería ser llevado ante la justicia.
Más devastador aún es que en 2019 se registró una reducción de 61% en las irregularidades determinadas al gasto federalizado, lo que significa que, en contraste con el gobierno federal, los gobernadores, la gran mayoría de oposición, sí mejoraron sus resultados en esta materia.
Pero como se vio ayer en la conferencia matutina, el Presidente no está dispuesto a aceptar sus errores ni a sancionar a sus funcionarios. Ejemplos abundan en la materia, como las investigaciones y acciones que se han detenido contra el exsubsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, las cuales han sido ventiladas por al actual Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte, y que han llevado a varios de los operadores de los puntos fronterizos a acumular denuncias ante la Fiscalía General de la República. O el caso del director general de la CFE, Manuel Bartlett, señalado como propietario de un imperio inmobiliario y exonerado por el actual gobierno y su Secretaría de la Función Pública.
Las irregularidades presentadas por el equipo de David Colmenares son un golpe directo a la secretaria Irma Eréndira Sandoval, responsable de la operación de todas y cada una de las contralorías en las dependencias de gobierno. La funcionaria fue exhibida por los auditores como un obstáculo para los trabajos de transparencia, de la misma manera en que meses atrás se evidenciaron también sus múltiples propiedades y las de su familia.
Lejos se ve la posibilidad de que irregularidades como las que presentan en la Secretaría de Cultura, de Alejandra Frausto, por alrededor de 3 mil millones de pesos, sean esclarecidas; o que la candidatura de David Monreal en Zacatecas le sea retirada por no acreditar un gasto transparente de los recursos del Programa ganadero Crédito a la Palabra.
Agencias
