Ahora el FBI y la DEA también podrán investigar y detener a inmigrantes indocumentados
El gobierno de Estados Unidos emitió una directiva que amplía la autoridad de varias agencias del Departamento de Justicia para investigar y arrestar a inmigrantes indocumentados en el país. Esta medida incluye al FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles y la Oficina Federal de Prisiones.
Según un comunicado oficial, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Benjamine Huffman, tomo la decisión en búsqueda de reforzar los esfuerzos para identificar y aprehender a personas que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos.
El secretario de Justicia interino, Emil Bove, también instruyó a estas agencias a revisar sus registros para detectar a quienes se encuentren en esta situación.
Acciones inmediatas bajo la administración Trump
Estas medidas forman parte de la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que priorizaba la implementación de deportaciones masivas y restricciones severas en la frontera sur con México.
Desde que regresó al poder se han llevado a cabo diversas acciones para limitar la entrada de solicitantes de asilo y acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados.
Entre las decisiones tomadas en ese periodo, destacan la autorización para realizar arrestos en escuelas e iglesias, la expansión de los procedimientos de deportación rápida y la reinstauración del programa “Quédate en México”. Este último exige que los migrantes permanezcan en territorio mexicano mientras esperan la resolución de sus casos de inmigración en EE.UU., lo que requiere la colaboración del gobierno de México.
La administración Trump también limitó el reasentamiento de refugiados y aumentó las acciones legales contra estados y municipios que desafiaban las políticas migratorias federales. Además, destituyó a funcionarios clave encargados de los tribunales de inmigración, lo que intensificó la presión sobre el sistema judicial migratorio.
Agencias