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Agencia,8/10/15.- Menos de dos años después de que Rick Perry dijera que sería “imposible” cumplir con las normas de una legislación contra violaciones cometidas en cárceles, el actual gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió que el estado implementará la ley federal promulgada para erradicar las violaciones en las cárceles y otros centros de detención.
Antecedente
Poco antes de su segundo intento infructuoso por la candidatura presidencial republicana, el entonces gobernador Perry se negó a firmar el compromiso, lo que le costó a Texas más de 800,000 dólares en subvenciones federales, además de provocar la ira de los defensores de la justicia penal. Sólo 18 meses después, Abbott no sólo censuró a su antecesor en este asunto, sino que acordó asignar cientos de miles de dólares para garantizar el cumplimiento de la ley lo antes posible. “No hay duda de que Perry hizo esto como parte de su preparación para aspirar a la presidencia y de que obviamente el gobernador Abbott está más concentrado en la salud y el bienestar de las personas en las cárceles”, dijo Chris Daley, vicedirector ejecutivo de Just Detention International, una organización con sede en Los Ángeles dedicada a luchar contra los abusos sexuales en los centros penitenciarios. “Creo que el gobernador Abbott ha sido mucho más positivo en cuanto a la capacidad de sus profesionales carcelarios”.
Intereses políticos
Kathy Walt, ex jefa de gabinete de Perry, dijo que es “categóricamente falso” que el ex gobernador hubiese tomado su decisión en base a intereses políticos y añadió que Perry creía realmente que las condiciones de la ley no se podían cumplir en aquella época. “Perry no dijo que no cumpliría con ella (la ley), sino que no se podía hacer”, indicó Walt. “Ya estábamos trabajando en varias (normas), pero al parecer había conflictos”. La Ley de Erradicación de las Violaciones en la Cárcel (PREA, por sus siglas en inglés), firmada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush, tiene como objetivo prevenir, detectar y responder a los abusos sexuales en centros de detención y exige que las cárceles estatales y federales implementen mejores prácticas y normas nacionales o, de lo contrario, pueden ser sancionadas con medidas como perder el dinero de subvenciones otorgadas por el gobierno federal. Algunas de las disposiciones de la PREA incluyen obtener registros clínicos detallados sobre el historial de abuso sexual de los presos, analizar a los detenidos cuando llegan a las cárceles o trasladarlos a otras unidades para que evalúen los riesgos por haber sido abusados sexualmente o haber sido abusivos, además de mantener registros de todos los incidentes que ocurran dentro de un centro penitenciario.
Consecuencias
Las cárceles y centros de detención también deben ser objeto de auditorías periódicas para garantizar que su personal está capacitado y cumple con las prácticas profesionales. En 2014, todos menos seis estados estaban cumpliendo con la ley o habían prometido destinar fondos federales para hacerlo, pero Perry indicó que para Texas sería imposible cumplir con normas “contraproducentes e innecesariamente complicadas”. Perry envió en marzo de ese año una carta al Departamento de Justicia en la que decía que no firmaría documentos para garantizar que Texas cumpliría con lo establecido por PREA ni “exhortaré a mis colegas gobernadores a hacerlo”. Como resultado de la resistencia de Perry, Texas perdió más de 810,000 dólares en subvenciones federales para ayudar al estado a eliminar las agresiones sexuales en las cárceles.
