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Un tribunal de Nueva York autorizó al gobierno de Donald Trump retener millones de dólares destinados a ciudades santuario, las agencias del orden en las ciudades y estados que se nieguen a cooperar con su política contra los migrantes indocumentados.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York reconoce la autoridad de Departamento de Justicia estadounidense para imponer condiciones a estados y localidades para que reciban las subvenciones del programa federal.
Previamente, se han producido decisiones de tribunales de Chicago, Filadelfia y San Francisco en contra del gobierno federal. El gobierno de Donald Trump buscó realizar retenes en diversas ciudades santuario.
«Si bien respetamos a nuestros circuitos hermanos, no podemos coincidir en que al gobierno federal se le prohíba imponer las condiciones de los fondos federales que están en disputa en este asunto», señala el documento judicial. «Estas condiciones ayudan al gobierno federal a cumplir con las leyes migratorias nacionales y las políticas que sucesivamente han apoyado las administraciones demócratas y republicanas», agrega.
Con este fallo, se revoca una decisión del juez Edgardo Ramos, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, emitida en noviembre del 2018 a favor de que se le entregara a esta ciudad así como Connecticut, Massachussetts, Washington, Nueva Jersey, Virginia y Rhode Island las subvenciones que reclamaban en la corte. En otros estados como California habían fallado en contra de la medida. Estas ciudades santuario, como se conoce a los territorios que protegen a los inmigrantes indocumentados, habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en el 2017.
Ramos dictaminó entonces que el gobierno federal no tenía «autoridad legal» para obligar a las ciudades a divulgar información sobre los indocumentados a cambio de recibir las subvenciones del programa federal.
La acción legal había surgido luego del anuncio del entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, de que se retendrían los fondos si las ciudades se negaban a dar acceso a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las cárceles o no les notificaban cuando un migrante sin documentos fuera a ser puesto en libertad.
Recientemente, Migración arremetió contra Nueva York por esta política luego de que se dejara en libertad a un migrante que había sido arrestado por agredir a su padre y que luego violó y asesinó a una anciana.
Agencias
