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Ciudad de México, 26/02/18.- Los soldados en activo que utilicen recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional para cometer delitos contra la salud, donde no estén involucrados civiles, deben ser juzgados por tribunales militares, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El fallo del alto tribunal es trascendente porque dio pie para que la justicia castrense pueda enjuiciar a sus elementos no sólo por delitos contra la salud, sino también por traición a las fuerzas armadas por violar la disciplina que los rige.
El pronunciamiento de la Corte derivó del análisis del caso del teniente de Caballería, César Flores Guzmán, quien era comandante de la Base de Operaciones y estaba al frente del Décimo Regimiento de Caballería Motorizado en Reynosa, Tamaulipas, quien fue detenido en 2013, por presuntamente proteger actividades del Cártel del Golfo.
Flores promovió un amparo contra el auto de formal prisión, con el propósito de que su caso fuera revisado por la justicia federal.
Por mayoría de siete votos, el pleno de la Corte resolvió que para que un soldado pueda ser juzgado bajo su fuero, por violar la disciplina militar, deberán reunirse ciertos elementos, entre ellos, la comisión del delito, el uso de recursos de la institución y que no haya civiles involucrados.
Los ministros Norma Piña Lucía Hernández, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz votaron en contra del proyecto de sentencia de su homólogo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, éste último que no participó en la sesión.
Cossío Díaz dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este tipo de asuntos deben ser revisados por la justicia civil y no militar, mientras que la Constitución establece en qué momentos los soldados pueden ser juzgados dentro de su fuero.
Estos son, explicó Cossío, cuando el Presidente de la República decrete la suspensión de derechos; cuando se declare la guerra a otra nación y cuando se haga una declaración de que la seguridad nacional está comprometida y se promueva la movilización de las fuerzas armadas.
De acuerdo con el expediente judicial, el 18 de marzo de 2013, Flores Guzmán, en su condición de comandante de la Base de Operaciones y con personal bajo su mando salió rumbo a una finca abandonada, donde con otro militar localizaron ocho maletas con paquetes rectangulares que contenían cocaína.
Después del hallazgo, el teniente y el oficial –éste último fungía como comandante del puesto de mando móvil, sustrajeron dos de esas maletas y se las entregaron a unos civiles que se dice eran miembros de la delincuencia organizada –estos últimos habían arribado a dicho lugar a bordo de dos taxis–.
Enseguida, ambos militares reunieron a la tropa y les exigieron que no hicieran comentario alguno sobre la aludida sustracción, explicándoles que el aseguramiento se había logrado gracias a un informante que pidió ser retribuido con una parte del narcótico.
Posteriormente, los comandantes repartieron 5 mil pesos a cada uno de sus subordinados. Como el asunto trascendió, el agente del Ministerio Público adscrito a la Octava Zona Militar inició la averiguación previa correspondiente.
Agencias
