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24/02/2017 – Organizaciones binacionales de migrantes reprocharon al gobierno mexicano no tener un plan de emergencia ante las posibles deportaciones masivas a territorio nacional, tras la «guerra declarada» por el presidente estadounidense, Donald Trump, señalamientos de los cuales se extienden hacia esta parte de la frontera norte a la que califican como vulnerable y propensa a desatarse una crisis humanitaria.
Marcela Márquez Serrano, analista en el tema migratorio y miembro de asistencia y ayuda a migrantes en el Valle de Texas, señala que con la detención y deportaciones de miles de migrantes centroamericanos cada año, México «hace el trabajo sucio» a Estados Unidos.
Aseguró que en 2016 se registró un aumento histórico de más de 200 por ciento en las deportaciones de personas originarias de El Salvador, mientras que en los casos de guatemaltecos y hondureños la cifra rebasó 150 por ciento. Todos, detenidos y deportados desde territorio mexicano.
Además, acusó a las autoridades de tener «doble discurso» en el tema de la migración, pues mientras exige respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, no cumple con sus obligaciones de protección a las personas centroamericanas que están en tránsito.
Indiferencia en consulados
En un pronunciamiento, las organizaciones pro migrantes del Valle de Texas cuestionaron el trabajo de los consulados mexicanos para enfrentar la política antimigratoria del presidente Trump, por lo que han optado por una organización interna y la ejecución de campañas de información en redes sociales, y en las ciudades con carteles y volantes distribuidos en escuelas e iglesias.
Sobre ello la entrevistada dijo que la falta de un plan estratégico del gobierno mexicano para enfrentar una eventual deportación masiva también fue cuestionada, por lo que consideró que no existen indicios de que el gobierno mexicano esté tomando medidas ante las nuevas órdenes ejecutivas que instruyen la deportación por México de personas de cualquier nacionalidad, y que carezca de documentos que acrediten su estancia en Estados Unidos, comentó.
A ello agrega, «hemos dialogado con funcionarios de la cancillería mexicana y nos han dicho que los servicios consulares han mejorado, pero no hemos visto un plan de emergencia en caso de deportaciones masivas; no hemos encontrado una respuesta, una política pública que vaya a atender a las personas que sean retornadas», dijo.
Por su parte Francisco Javier Garza de Coss, representante en la zona norte del gobierno estatal, reconoce que los municipios de la frontera no se encuentran listos, ya que el presupuesto destinado es insuficiente para dar una cobertura mayor a la ola de deportaciones que recién inician.
Asegura el funcionario que estarán presentando una petición al gobierno federal para que se incrementen las partidas en el presupuesto de apoyo a las acciones migratorias de esta parte del país, así lo dio a conocer.
Agencias
