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Por unanimidad, el Senado aprobó la llamada “muerte civil” para servidores públicos que hayan afectado el erario con más de mil 500 unidades de medida, equivalentes a 126 mil pesos, al aprobar reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal que permitirán al Tribunal de Justicia Administrativa aplicar diferentes medidas que llegan a la inhabilitación de por vida a funcionarios corruptos.
Además, aprobó que modificaciones al artículo 54 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para incorporar la conducta de «simulación de reintegro de recursos» como falta grave, a fin de impedir que servidores públicos simulen devoluciones al erario y luego las desvíen o asignen a fines distintos a los aprobados originalmente.
En el debate del decreto turnado a la Cámara de Diputados, senadores de Morena y de la oposición exhibieron y se reprocharon mutuamente casos de corrupción que han quedado en la impunidad.
El morenista Cristóbal Arias amenazó con sacar a la luz “la corrupción de los Gamboas y panistas que derrocharon recursos en este Senado”, a lo que el priista Manuel Añorve replicó que si hubo despilfarros, también Morena tiene que responder porque gozó de esos recursos.
“¿Saben por qué no está procesado el ex presidente Enrique Peña Nieto por el tema del aeropuerto? Pues porque Andrés Manuel lo perdonó. Se entiende que hubo un pacto con el anterior Presidente, para sí señalar el tema del aeropuerto, de la corrupción, desvíos en la narrativa, en las mañaneras pero no hacer ningún proceso en contra.
«Por eso contrario a lo mencionado en la campaña los mexicanos nos vamos a quedar con las ganas de ver a funcionarios de la administración anterior procesados”, criticó a su vez el panista Víctor Fuentes.
Durante la sesión de hoy, el senador del Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Anticorrupción, Clemente Castañeda, presentó los dictámenes y recordó que ambas fueron propuestas de su partido y Acción Nacional durante la campaña, que hoy se hacen realidad.
Por lo que toca a la “muerte civil”, Castañeda explicó que con ésta se busca que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenga la facultad de imponer como sanción más severa la inhabilitación permanente, tanto de los servidores públicos como de particulares que cometan faltas administrativas graves, en perjuicio de las finanzas públicas, por un valor de más de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización.
«Con esto, efectivamente, podríamos sancionar todo lo relacionado con Higa, Odebrecht, La Estafa Maestra y muchos otros actos de corrupción que, desafortunadamente, no tienen en este momento un castigo, no tienen una sanción enérgica», resaltó Castañeda Hoeflich.
Al abundar que esta sanción implica que los sancionados por estos actos no podrán volver a trabajar en el gobierno «y para los particulares se cancelará definitivamente la posibilidad de que sigan teniendo contratos con el gobierno”.
Precisó que con esta reforma, a los funcionarios se les aplicará un catálogo de sanciones que van desde la suspensión del empleo, cargo o comisión, hasta la inhabilitación permanente.
“Así, se fortalece la efectividad de las acciones para quienes cometen este tipo de actos que, según datos de la Función Pública, han lesionado al erario en más de 14 mil millones de pesos y que, tan sólo en 28 de más de 110 mil casos han derivado en una sanción definitiva o en una inhabilitación”.
En su turno, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, propuso elevar de 200 a 1500 las unidades de medida por las que se sancionará, propuesta que se aprobó por el pleno.
Agencias
