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El proyecto clave del presidente López Obrador para el sureste, el Tren Maya, enfrenta dificultades en aspectos básicos, como los terrenos que cruzará. Las negociaciones con los propietarios. Autoridades ejidales entrevistadas por Proceso manifiestan desacuerdos y dudas respecto de la propuesta del gobierno federal de convertirlos en “socios” de los polos de desarrollo, a cambio de que aporten sus tierras. Entre otras cosas, dicen no tener la certeza de la forma y la cuantía de los beneficios que obtendrían los campesinos.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya necesita tierras: además de los 20 metros en ambos lados de los mil 425 kilómetros de vía, el megaproyecto requiere mil hectáreas alrededor de las 18 estaciones esparcidas en el recorrido del tren, donde se planea erigir nuevas ciudades turísticas y comerciales para cerca de 50 mil personas.
Para conseguirlo, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se ha reunido en privado en los últimos meses con comisarios ejidales de la Península de Yucatán.
En varios encuentros, el funcionario se percató de que las negociaciones no resultarán sencillas: algunos ejidos le impusieron condiciones para autorizar el tren y expresaron desconfianza hacia el modelo de fideicomisos que el Fonatur pretende aplicar para los desarrollos inmobiliarios, en los cuales los ejidatarios pondrían sus tierras mientras que los inversionistas aportarían capital.
En el municipio de Bacalar, ubicado a 20 kilómetros de Chetumal, en el sur de Quintana Roo, Jiménez Pons se topó con el comisario ejidal Luis Chimal Balam, quien le advirtió que el gobierno federal deberá resolver dos problemas del ejido si quiere que el Tren Maya tenga una estación en esta zona, entre otras condiciones.
Contaminación
Los 165 ejidatarios de este municipio de 11 mil habitantes –cuyo atractivo turístico, la laguna de “siete colores”, padece un alto grado de contaminación– buscan recuperar parte de las tierras que les fueron expropiadas hace cinco décadas, además de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les permita explotar una zona arqueológica o los indemnice.
En entrevista con Proceso, Chimal, un campesino maya de 56 años, dice que el problema de las tierras de Bacalar se remonta a 1971, cuando el gobierno de Quintana Roo solicitó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que le entregara por decreto 354 hectáreas ubicadas en la orilla de la laguna; las “mejores tierras que tenemos”.
Cuatro décadas después, esta zona se encuentra cubierta por casas y hoteles de lujo, cuyo valor se cuadruplicó a raíz de la consolidación del turismo, desde hace 10 años hasta la fecha. “Ningún ejidatario tiene siquiera un metro de tierra ahí; puro funcionario, puro político”, se queja el entrevistado.
En 2014 el ejido interpuso una demanda para recuperar parte de estas tierras, pues afirma que el acta que concretó la cesión no tenía validez legal, que el ejido “nunca recibió una indemnización” y que las tierras fueron expropiadas “mañosamente”. La propuesta del ejido consiste en respetar “todo lo que tiene casa” y recuperar “todo lo que está en breñas”.
La asamblea ejidal de Bacalar se reunió el pasado 1 de diciembre para platicar sobre el Tren Maya. Decidió que “lo más primordial es que el gobierno federal resuelva las 354 hectáreas y que se abra la zona arqueológica; así sí firmamos el Tren Maya; si no, no firmamos”, sentencia Chimal.
Destino turístico de lujo
En la última década, la zona costera de Tulum se consolidó como un destino turístico de lujo para una clientela extranjera y adinerada. Cientos de hoteles y tiendas exclusivas privatizaron y cerraron kilómetros de la playa caribeña hasta el interior de la reserva de la biósfera de Sian Ka’an.
A la par, los precios inmobiliarios se dispararon –incluso las recién estrenadas viviendas del Infonavit rebasan los 400 mil pesos–, los rellenos sanitarios se desbordaron y surgieron varios grupos criminales para vender drogas a los turistas, lo cual detonó los homicidios e impuso la práctica del cobro de piso y la extorsión.
Este municipio es clave en el proyecto del Tren Maya: conecta la ruta de Yucatán con Quintana Roo y es el punto de partida de la ruta turística que pasa por Playa del Carmen y Cancún, de la que el Fonatur espera grandes ganancias. Sin embargo, Tulum se convirtió en un rompecabezas para Jiménez Pons: las tierras donde pensaba edificar la estación y su “polo de desarrollo” ya tienen dueños. Y son muchos.
En el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los ejidatarios de Tulum –descendientes de las familias fundadoras que huyeron de Yucatán durante la Guerra de Castas– “cortaron” y repartieron parte de sus 22 mil hectáreas de tierras, que vendieron a particulares con el paso de los años.
Actualmente los 119 ejidatarios de Tulum tienen cerca de 10 mil hectáreas de tierra, sobre todo en el sur y poniente del municipio; las 12 mil restantes fueron fragmentadas y muchas de ellas vendidas durante el auge inmobiliario en la zona.
A principios del pasado septiembre don Nicacio Canché, comisario ejidal de Tulum, desplegó el plano del catastro ejidal ante Jiménez Pons; en él se observaban miles de parcelas fragmentadas con una superficie 20 veces más vasta que la cabecera municipal.
Tras un breve vistazo, el funcionario preguntó: “¿Todo este monstruo tiene documentos?”.
Canché le contestó que sí, todas las parcelas tenían papeles. De manera abrupta, Jiménez Pons se levantó de la mesa y soltó, enojado: “Pues entonces no va a haber tren”. Sorprendido, Canché le preguntó por qué. “Porque ustedes tienen un monstruo en su ejido y tú no sabes qué es esto”, le contestó el funcionario. Sin más, se levantó y salió de la casa ejidal.
“Nosotros estamos de acuerdo con el Tren Maya, pero llega y me dice, solamente al mirar nuestro plano, que no hay tren; pues no pasa nada. Como a los dos meses regresa el ingeniero Rodolfo Galindo y me ha pedido mis documentaciones. Él tiene mucha paciencia, pero nunca me dijo si dentro del ejido va a haber una estación de tren.”
Canché es nieto de uno de los hombres que huyó de la guerra de castas en Yucatán, se asentó aquí y fundó Tulum. Heredó tierras en la zona costera y opera un pequeño hotel en la reserva de la biósfera; de hecho, en las negociaciones sobre las tierras del Tren Maya, dice que planteó al gobierno federal que le “agilice” el ingreso de ciertos insumos a la reserva.
“Polos de desarrollo”
Aparte, el comisario ve con suspicacia el modelo que ofrece el Fonatur para desarrollar los “polos de desarrollo”. No entiende de qué manera hacerse socio a través de fideicomisos beneficiaría al ejido: “Para nosotros es mejor que, si quieren estas tierras, se las podemos vender y ya. Ellos podrían hacer su proyecto como a ellos les gusta.
“Nos dicen: ustedes dan las tierras, nosotros construimos las viviendas y las calles, porque el tren se estaciona por aquí. Nos mostraron en un video cómo son los modelos de la casa, hay lugar con bicicletas y todo. Es un proyecto muy bonito, son bastantes casas. A mí me dijo Pablo Carreaga (el enlace de Fonatur en Quintana Roo) que podemos ser socios. Pero yo le dije que yo no puedo ser socio de este tren ni los ejidatarios, porque si el día de mañana cambia la administración, la nueva va a pensar otras cosas.”
Otro factor es el de la administración federal, dice Canché: “Le pregunto: ¿En cuánto tiempo sale el señor presidente? En este caso ahorita vamos un año, a los dos o tres años puede ser que el tren esté funcionando. Entonces al presidente le quedarán tres años (…) ¿Qué va a pasar cuando termine su administración? ¿Será que otro va a llevar el mismo camino?
“Por esto le dije a Carreaga: no quiero ser socio del tren, porque van a llegar y me van a decir ‘ya no eres socio’. Y me buscarán lo más pequeñito de esto para sacarme como socio en esta agrupación.”
Sostiene que el gobierno “tiene que indemnizar por la tierra que va a afectar… Pero también nos han comentado que nos quiere hacer socios del proyecto, pero no sabemos cómo nos puede beneficiar a nosotros como socios. ¿Socios, como que nosotros estaríamos dando la tierra? ¿Pero a cambio de qué? Sólo nos dijeron que el gobierno no puede indemnizar por las tierras”.
