Revés a la FGR: Un dudoso caso de tráfico de migrantes

El caso contra Irineo Mujica Arzate quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después. En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana.

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 12 por la noche, Héctor Manuel Cervantes Martínez, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la cárcel de Tapachula, en Chiapas, asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR): determinó la presunción de inocencia de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica Arzate y negó que se les vinculara a proceso por el delito de tráfico de personas.
En el caso de Sánchez, su defensa mostró que su cliente se encontraba en la Ciudad de México la noche del 29 de marzo último, con lo cual derrumbó la versión de la FGR según la cual ese día estaba en Tapachula –a mil 200 kilómetros de distancia de la capital–, donde supuestamente traficaba a costa de cinco personas de origen hondureño por 8 mil dólares.
En el caso de Mujica, el juez aceptó las evidencias de acuerdo con las cuales el activista se encontraba en el municipio de Chahuites, Oaxaca, la mañana del 27 de febrero. Ese dato desmintió también la versión de la FGR de que el director de la organización Pueblo Sin Fronteras estaba en ese mismo momento en Mapastepec, pueblo chiapaneco ubicado a dos horas y media de distancia, donde presuntamente cobraba 7 mil pesos a una familia hondureña.
Las carpetas de investigación abiertas contra Sánchez y Mujica se basan en supuestas denuncias que los integrantes de dos familias provenientes de Honduras interpusieron en la delegación de la FGR en Tapachula en abril y mayo pasado por hechos ocurridos meses antes.
Y aun cuando las denuncias incluidas en esas carpetas, cuyas copias obtuvo Proceso, contienen contradicciones en cuanto a fechas, hechos y lugares, la delegación de la FGR en Tapachula las consideró válidas y no aportó elementos adicionales para demostrar la culpabilidad de los imputados. En las audiencias realizadas la noche del miércoles 12, ninguno de los denunciantes acudió a declarar.

“Una fabricación muy pobre”
En su primera aparición en público, los activistas denunciaron la “fabricación de delitos” por parte de la FGR; estratagema que resultó “muy pobre”, dijo Sánchez, quien empezó su activismo en 1999 durante la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de ese año y posteriormente se dedicó a la atención de los migrantes.
Egresado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sánchez condenó las “viejas prácticas de parte de unos fiscales” y celebró que “esta fabricación de delitos” se haya derrumbado.
“Si hicimos algo malo, que se nos juzgue para alguna cuestión de este tipo, pero no por un invento”, declaró Mujica, quien al frente de Pueblo Sin Fronteras acompañó varias caravanas, entre ellas el Viacrucis del Migrante y el “éxodo centroamericano” en octubre pasado.
El activista asegura que continuará su labor de acompañamiento. “Si paramos –dice– esto se convierte aún más en un infierno”.
Las órdenes de aprehensión contra los activistas fueron emitidas el sábado 1, pero las detenciones ocurrieron el miércoles 5. La de Sánchez se efectuó en la Ciudad de México, mientras a Mujica lo arrestaron en Sonoyta, Sonora, donde opera un albergue para migrantes.
En ese momento en Washington arrancaron las arduas negociaciones de tres días, al cabo de los cuales el gobierno mexicano se comprometió a incrementar sus esfuerzos para impedir el paso a la migración irregular y para luchar contra el “tráfico de personas”. La finalidad era convencer al presidente Donald Trump de que no impusiera aranceles a las exportaciones de productos mexicanos.
Ambas detenciones levantaron una ola de indignación entre las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los migrantes, las cuales denunciaron el lunes 10 que existe una campaña de “criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos”.
La decisión de la justicia permitió que los dos activistas recobraran su libertad después de una semana tras las rejas. Sin embargo, los casos en su contra siguen abiertos y la FGR tiene la facultad de investigar más para imputarles los delitos. El jueves 13 la institución incluso anunció que apelará la decisión del juez con respecto a Mujica.
En los dos casos, los supuestos denunciantes acudieron a la FGR con fotografías que, según los relatos, encontraron en internet, y con las cuales identificaron formalmente a los dos activistas, con nombres y apellidos.
“Cuál fue mi sorpresa que al abrir la página (…) reconozco como la persona a la que el día 29 de marzo de este año le entregué la cantidad de 8 mil dólares”, planteó uno de los presuntos extorsionados por Sánchez; el otro señaló que en un cibercafé encontró “varias fotografías de Irineo Mujica, así como información de que es el líder de la asociación Pueblo Sin Fronteras, por lo que imprimimos tres fotografías de Irineo Mujica, las cuales presentamos ante esta autoridad”.

Incoherencias
La denuncia contra Sánchez se basa en los testimonios de cuatro integrantes de una familia hondureña, quienes comparecieron ante la autoridad el pasado 16 de abril, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0000729/2019.
Los testigos –una pareja y dos primos originarios de San Pedro Sula– sostuvieron que tomaron la decisión de salir rumbo a Estados Unidos días después que pandilleros de la Mara trataran de reclutar a los tres varones.
La mujer, de 28 años, llamada Nancy, aseguró que se comunicó con la organización Pueblo Sin Fronteras el pasado 22 marzo y que habló con Mujica, quien ofreció moverlos desde Guatemala hasta Tijuana por 2 mil dólares por persona. Según las mismas declaraciones, no hubo cobro por la niña de 8 años, quien viajó con ellos.
Los cuatro relatos coincidieron en que la familia viajó al municipio guatemalteco de Tecún Umán el 29 de marzo, y que en la noche los estaba esperando un tal “Cristóbal” en la terminal de autobuses Maya de Oro, en la ciudad fronteriza, quien les indicó que venía “de parte de Ireneo (sic) Mujica”. Afirmaron que Sánchez presuntamente cobró el dinero en ese momento.
Según las declaraciones, “Cristóbal” ayudó a los familiares a cruzar el río Suchiate en balsa, y del lado mexicano tomaron una combi rumbo a Tapachula. En la carretera, abundaron, se toparon con un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y tres agentes los obligaron a bajar; aseguran que éstos les robaron sus pertenencias –celulares y dinero en efectivo–, hablaron con el tal “Cristóbal” y los dejaron seguir caminando, tras decirles que “ahí no había pasado nada”.
Los hondureños narraron que “Cristóbal” se subió a la combi y desapareció. En ninguna parte de las declaraciones se identifica a Sánchez por su apellido; los relatos lo describieron como “una persona de baja estatura, aproximadamente 1.60 metros, medio fornido, con barba de candado, trigueño”, vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa.
El mismo 29 de marzo, Cristóbal Sánchez comió con su novia en un restaurante de Coyoacán, en la Ciudad de México, y posteriormente acudió a una fiesta cerca de la colonia Condesa. Resultó imposible, según el juez, que el mismo hombre esté cometiendo un delito en Chiapas y que en el mismo momento se divierta en una fiesta, mil 200 kilómetros más al norte.
El caso contra Mujica quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después.
En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana. Ahí, un cubano les indicó que viajar a Monterrey costaría 10 mil pesos por familia y que “Irineo Mujica y él tenían arreglado todo para llevarnos hasta allá”.
Según el relato, la pareja conoció a Mujica en el mismo parque; lo identificó como el líder de la caravana que partió de Tapachula en la madrugada del 23 de febrero. No existen registros de una caravana que haya salido ese día del municipio chiapaneco, por una simple razón: nunca existió esa caravana, declaró Mujica.
Los mismos relatos refieren que la caravana caminó durante cuatro días, con pausas de 20 minutos, pasó retenes del INM y del Ejército y, en la mañana del 27 de febrero, se acercó a Mapastepec. Alrededor de las nueve de la mañana, Mujica presuntamente dijo a la pareja “que era el momento de que le diéramos el dinero que hacía falta; es decir, 7 mil pesos. Acto seguido, guardó el dinero en una bolsa tipo mariconera que siempre llevaba colgada”.
De acuerdo con la pareja, una vez en Mapastepec Mujica se esfumó. Ellos se quedaron en el campo de refugiados improvisado en el auditorio hasta el mes de abril, cuando se ­desesperaron y decidieron seguir el viaje solos. Fueron detenidos kilómetros más adelante y deportados dos días después a su país.
La defensa sostiene que la mañana del 27 de febrero Mujica no pudo estar en el puente de Mapastepec, puesto que se hallaba en Chahuites, a 185 kilómetros de distancia. De hecho, el 26 de febrero estuvo con un grupo de más de mil personas en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, que se encuentra en un punto más avanzado de la carretera costera.

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