Header_728x90 GPT Adslot5
2/08/2017 – Ciudad de México.- Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de tres de las víctimas del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, fueron espiados con Pegasus, de acuerdo con una investigación del grupo Citizen Lab.
Este grupo de la Universidad de Toronto, Canadá, afirmó que David Peña y Karla Micheel Salas recibieron el malware a través de mensajes en septiembre y octubre de 2015, justo después de asumir el caso Narvarte y de cuestionar la actuación de las autoridades en el mismo.
Ambos abogados representan a tres de las cuatro mujeres torturadas y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén Espinosa en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015. Una de las víctimas era la activista Nadia Vera, que al igual que Espinosa huyó de Veracruz por amenazas de funcionarios de ese estado, entonces gobernado por Javier Duarte, hoy encarcelado por delitos de corrupción.
Pegasus espía a través de los celulares y se vende exclusivamente a gobiernos, supuestamente para vigilar a criminales y terroristas. Citizen Lab ya había confirmado que había sido usado contra otros 19 objetivos en México: periodistas que habían denunciado casos de corrupción que llegaban hasta el Presidente, activistas que proponían gravar las bebidas azucaradas, políticos de oposición, y expertos extranjeros que indagaban con estatus diplomático en la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa a manos de autoridades vinculadas con el crimen organizado.
Según John Scott-Railton, uno de los artífices del informe de la universidad canadiense, los casos evidencian «un patrón» porque los objetivos del espionaje han sido «abogados e investigadores cuyo trabajo contradice las tesis oficiales».
«Cada vez que encontramos nuevos casos pensamos, ‘esto debe ser lo más conflictivo’ pero cada vez nos sorprendemos, en México ya hay 21 (personas afectadas) y en Panamá docenas más», añadió.
¿Qué mensajes recibieron?
El sistema Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, funcionaba mediante el envío de mensajes de texto con un vínculo. Al abrirlo, el software convertía el celular en un dispositivo de espionaje y permitía activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo el contenido almacenado en el aparato.
David Peña recibió un texto que le informaba de un supuesto caso de extorsión que afectaba a un grupo de abogados con el que trabajaba y tiempo después un segundo mensaje pero, según dijo a The Associated Press, no abrió ninguno de ellos.
Karla Micheel Salas, sin embargo sí lo hizo cuando leyó en su celular: «Karla en la madrugada falleció mi padre estamos devastados, te envío datos del velatorio, espero puedas venir».
Por este motivo, la abogada se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que quien quisiera espiarla haya podido tener acceso a «información sensible» que le confiaron víctimas y que podría poner a gente en peligro, sobre todo porque muchas de esas personas «ya han estado en situación de riesgo por denunciar o exigir justicia».
«Considero que quienes podrían estar interesados en espiarnos solo podrían ser agentes estatales», añadió en conversación con AP.
Los abogados, ambos miembros de un mismo colectivo y que llevaban también temas de feminicidios o trata de personas, acababan de presentar en octubre de 2015 un informe con 10 crímenes emblemáticos ocurridos en la Ciudad de México y que habían quedado impunes, como el de Narvarte o el secuestro y ejecución de 12 jóvenes que desaparecieron del Bar Heaven en 2013 y cuyos cuerpos fueron localizados meses después en una fosa clandestina.
Para David Peña, el caso Narvarte es el que más pudo provocar que alguien quisiera espiarles «por su relevancia, por su complejidad y para saber qué sabemos nosotros ya que tiene implicaciones en Veracruz y con grupos de sicarios que operan en Ciudad de México».
Además, la Comisión de Derechos Humanos de la capital acaba de evidenciar que la fiscalía local cometió negligencias en la investigación de este crimen, así como omisiones y violaciones al debido proceso y a la verdad.
Ya está confirmado que el gobierno federal mexicano compró el software espía a NSO Group, pero no está claro todavía quién lo usó ni para qué. Las autoridades han negado cualquier utilización ilegal del mismo.
Según Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que colaboró con Citizen Lab, al menos dos departamentos del Ejecutivo federal lo adquirieron, pero no tienen datos de que lo tuviera ningún gobierno estatal.
La Procuraduría General de la República -una de las dependencias que compró Pegasus- ha abierto una investigación, aunque los afectados dudan que la fiscalía pueda investigarse a sí misma y por eso han exigido una indagatoria independiente, internacional y al más alto nivel.
Mientras tanto, García indicó que siguen analizando más mensajes de otros posibles afectados pero que lo que urge es que se investigue el origen de los mismos.
Agencias
