ElBravo_Notas_728x90_2
14/09/17.- Decenas de guatemaltecos iracundos salieron este jueves a las calles de la capital en rechazo a reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, que blindan a políticos de posibles acusaciones de financiamiento ilegal y exoneran de cárcel a los autores de una serie de delitos, entre ellos violación, robo agravado y algunos casos de homicidio.
El procurador de los Derechos Humanos, Julio Rodas, pidió el jueves a la Corte de Constitucionalidad (CC) que detenga esas modificaciones e interpuso un recurso de amparo ante la que es la máxima instancia judicial del país.
Los manifestantes, por su lado, exigieron al presidente Jimmy Morales que vete esas reformas.
Quemando monigotes que representaban a congresistas, además de colocar un ataúd y flores mortuorias frente al Congreso, los manifestantes lanzaron consignas para repudiar la acción de los diputados, la cual calificaron como un «pacto de corruptos».
«¡Están despedidos todos!», señalaba un cartel amarillo con letras negras que portaba una mujer.
El miércoles, 107 de los 158 diputados acordaron, con carácter de urgencia, que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos y recarga la eventual culpa a los contadores de cada organización política.
La votación ocurrió dos días después de que el Congreso rechazó un pedido de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, órgano adscrito a Naciones Unidas) para levantar la inmunidad al presidente Morales para ser investigado penalmente por financiamiento ilícito en su campaña electoral en el 2015, cuando fue candidato por el partido derechista FCN-Nación.
Morales era secretario general de ese partido durante la campaña.
Para evadir prisión. En una acción que los críticos consideraron como una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en el delito de financiamiento electoral ilícito.
Además, el Congreso aprobó otro cambio al Código Penal. Hasta ahora, un delito penado con hasta cinco años de prisión puede ser excarcelable mediante el pago de fianza, pero los legisladores ampliaron el margen para aplicar esa norma a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.
Agencias
