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16/05/17.- El asambleísta Mauricio Toledo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la Ciudad de México, a fin de castigar de cinco a 10 años de prisión a funcionarios que pidan a los trabajadores un pago forzado.
En su iniciativa propuso que se castigue al servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
Asimismo, planteó que al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades se le impongan de cinco a 10 años de prisión, y de 400 a 600 días multa.
El legislador perredista señaló la necesidad de evitar que se repitan casos como el del municipio de Texcoco en el Estado de México, donde durante la gestión de Delfina Gómez se cobraba «diezmo» a los trabajadores del ayuntamiento.
En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa consideró urgente la aprobación de una iniciativa que pone límites a las conductas indebidas, creando normas para evitar y controlar las prácticas nocivas e ilegales.
Agencias
