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30/03/2016 – El estado de Texas volvió a oponerse a la Acción Ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre del 2014, beneficio que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados.
Envían un escrito
Por medio de un escrito, el procurador general Ken Paxton le pidió a la Corte Suprema de Justicia que no quite las restricciones impuestas a la medida por los tribunales. La Acción Ejecutiva protege a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y dreamers amparados por la Acción Diferida del 2012 (DACA, por su sigla en inglés). También les concede un permiso de trabajo renovable cada tres años. «La Administración Obama ha demostrado de forma consistente su desprecio por el Estado de Derecho al afirmar que tiene la autoridad legal para cambiar unilateralmente la política de inmigración de Estados Unidos», dijo Paxton en un comunicado.
El freno judicial
El 3 de diciembre de 2014, dos semanas después que Obama anunció la Acción Ejecutiva, Texas y otros 25 estados demandaron la medida argumentando que el presidente se extralimitó en su poder ejecutivo y que la medida viola la Constitución. El 16 de febrero del año pasado el juez Andre S. Hanen, de Texas, dictó una medida cautelar que frenó los programas DACA y DAPA pero permitió que el resto de la medida permanezca en curso. En marzo y tras el estancamiento de dos recursos de emergencia interpuestos a favor de la Acción Ejecutiva por el Departamento de Justicia, el gobierno apeló el fallo de Texas ante la Corte de Apelaciones del 5to. Circuito en Nueva Orleans. Ocho meses más tarde, en noviembre, el tribunal de Nueva Orleans ratificó el fallo de Texas.
La última instancia
El 20 de noviembre, en el primer aniversario del anuncio de la Acción Ejecutiva, el gobierno le pidió al máximo tribunal de justicia que revise el beneficio. La Corte Suprema incluyó la revisión en el calendario 2016 y programó una audiencia pública para el próximo 18 de abril. Se espera un fallo en el verano. Paxton, utilizando el mismo lenguaje empleado por los 26 estados que se oponen a la medida, reiteró que “la reescritura de la ley nacional de inmigración requiere la consideración completa y cuidadosa del Congreso, no la voluntad política y la afirmación de una persona”. También cuestionó que Obama haya usado su autoridad para otorgar permisos de trabajo a inmigrantes sin estatus legal de permanencia en el país.
Resolución de la Cámara
El pasado 17 de marzo la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó la resolución 639 que rechaza la Acción Ejecutiva migratoria. El voto fue solicitado por el presidente de la Cámara, Paul Ryan (republicano por Wisconsin), quien en los primeros días de marzo había advertido que la medida anunciada por Obama viola los artículos 1 y 2 de la Constitución. La resolución pedida por Ryan es lo mismo que Texas y los otros 25 estados están haciendo, interferir con la orden ejecutiva del presidente Obama la cual es constitucional», dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.
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