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La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) anticipó que no permitirá que el gobierno federal les dé un trato similar al de los grupos de autodefensa o de civiles armados, puesto que la Policía Comunitaria (PC) está reconocida en la ley, cuenta con un reglamento establecido desde hace más de 20 años y tiene el respaldo de más de 200 pueblos indígenas.
En conferencia de prensa, Adulfo Esteban De la Cruz, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eufemio Cesáreo Sánchez, de Caxitepecm y Taurino Reyes Leyva, de Espino Blanco, fijaron postura respecto al dialogo anunciado por el la Secretaría de Gobernación.
Dijeron que la CRAC-PC se encuentra sustentada en la Ley 701, en materia de derechos y cultura indígena, así como en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado.
Indicaron que no es el caso de las organizaciones de autodefensa que han surgido en otras partes de la entidad, las que no se ubican en zonas indígenas, carecen de reglamento y no se sujetan a los acuerdos de las asambleas realizadas en los pueblos.
Precisaron que los policías comunitarios incorporados a la CRAC son nombrados en asambleas y duran en dichas funciones solamente un año, después tienen que regresar a sus vidas cotidianas y son relevados por otros habitantes de sus comunidades, de tal manera que no se permite la generación de intereses ajenos al beneficio de la colectividad.
Por esa razón, manifestaron que si en algún momento la Segob los convoca, ellos aceptarán iniciar una mesa de dialogo, pero reiteraron que no permitirán que se les dé un trato similar al de las autodefensas que operan en otros puntos de la entidad.
Se desmarcaron de cualquier relación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) y hasta de los que se denominan como CRAC Pueblos Fundadores (PF) de Rincón de Chautla, pues señalan que se trata de una organización que nunca ha pertenecido a la CRAC-PC que opera en la región Costa Montaña.
Respecto al posible desarme, aclararon que esa es una decisión que llegado el momento tendrían que asumir los habitantes de las comunidades, que son quienes dan fuerza al sistema de seguridad y justicia alternativo.
Agencias
