PGR impulsa código de ética en empleados; incluye equidad de género

16/03/2016 – La Procuraduría General de la República (PGR) inició, tan sólo en el mes de enero, 35 averiguaciones previas contra elementos de la institución por distintas faltas, entre ellas por tortura, extorsión y abuso de confianza.

De acuerdo con datos de la Visitaduría General de la PGR se trata de los delitos de tortura (16), contra la administración de la justicia (15), lesiones (6), abuso de confianza (4), extorsión (2), ejercicio indebido del servicio público (2), cohecho (2), abuso de autoridad (2), intimidación (1), enriquecimiento ilícito (1) y falsificación de documentos en general (1).

Destaca que 64% de averiguaciones previas se relacionan con abuso de confianza, al omitir la comprobación de viáticos y la entrega de la identificación oficial de la institución, por ejemplo.

En ese periodo, también se concluyeron 70 averiguaciones previas: 29 por abuso de autoridad, 24 por abuso de confianza, nueve por cohecho; siete contra la administración de la justicia; seis por uso de documento falso, cinco por tortura, cinco por ejercicio indebido del servicio público, cuatro por falsificación de documento general, cuatro por extorsión, dos por robo calificado y agravado y tres por lesiones, enriquecimiento ilícito y fraude.

Igualmente, siete servidores públicos fueron consignados y se liberaron ocho órdenes de aprehensión.

El pasado viernes la dependencia expidió el Código de Conducta de la institución, el cual deben observar todos los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o función dentro de la misma.

Estructurado a partir de compromisos, principios y valores, el nuevo Código de Conducta de la PGR tiene como base la inclusión de los principios constitucionales en materia de derechos humanos, del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de transparencia y acceso a la información pública, así como los ejes rectores para el combate a la corrupción.

Su elaboración se efectuó con un amplio proceso de validación institucional y de un mecanismo de diálogo público en el que participaron la sociedad civil organizada, instituciones académicas y expertos.

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