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17/12/2017 – CIUDAD DE MÉXICO.- Las lagunas de la legislación contra la trata ponen en riesgo a mujeres centroamericanas que llegan al sur del País, quienes pueden ser acusadas ante la falta de una definición clara de ese delito, advierte un estudio elaborado por el Centro Prodh, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
La investigación detalla que centenares de centroamericanas llegan cada año al Soconusco y los trabajos a los que pueden acceder están en bares, botaneros, cantinas o en el trabajo doméstico.
El estudio indica que algunas mujeres llegan con ofertas de empleo engañosas o en condiciones de explotación sin posibilidades de denunciar debido a su irregularidad migratoria; incluso pueden estar amenazadas o coaccionadas por elementos de migración o la Policía.
«La actual legislación federal de trata tiene ciertas implicaciones en materia de certeza y seguridad jurídica, en particular la falta de consenso en torno a la definición de trata de personas y explotación», señala el documento.
«Esto hace que, aunque haya un aumento considerable de sentencias condenatorias a partir de esta legislación, no necesariamente se está procesando a tratantes, según lo define el Protocolo de Palermo, sino a los explotadores o las propias víctimas».
Según el documento, las centroamericanas que llegan a la frontera sur son jóvenes, en edad productiva y reproductiva, con altos niveles de analfabetismo o pocos años de escolaridad acumulada y muchas de ellas son indígenas.
La oferta laboral para ellas se concentra en especial en el trabajo agrícola, la industria del sexo y el entretenimiento, y los trabajos domésticos y de cuidados.
La investigación detalla que hay muchas centroamericanas en cantinas, bares y table dances que representan más del 90 por ciento de las involucradas en la industria del sexo, atrapadas en una realidad de explotación o servidumbre, sometidas a niveles muy altos de control de sus ingresos.
«Para algunos sectores de las trabajadoras sexuales la actual legislación en el tema de trata, lejos de disminuir, las ha colocado en mayor situación de vulnerabilidad», acota la investigación.
El estudio analiza los casos de seis mujeres criminalizadas por el delito de trata en la frontera sur, cinco centroamericanas y una mexicana confundida con centroamericana por las autoridades.
En cada caso, las organizaciones detectaron arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, incluyendo el delito de tortura.
«A partir de la revisión de seis casos, este informe encontró que el sistema de justicia penal es en particular agresivo cuando se trata de mujeres, migrantes, pobres e indígenas», indica.
Cinco de las seis mujeres están en libertad, pero sólo dos fueron absueltas pese a que en todos los expedientes hay evidentes violaciones a derechos humanos que generaron una falta de fiabilidad en las pruebas utilizadas en su contra.
Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 23 casos de mujeres detenidas en el Centro de Reinserción Social número 4 Femenil de Tapachula acusadas del delito de trata de personas.
El documento, elaborado por el Centro Prodh, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, señaló que desde 2015 se contabilizó un total de 96 mujeres internadas en ese penal.
Alrededor del 70 por ciento de las mujeres inculpadas por el delito de trata venían de Centroamérica: 50 por ciento era de hondureñas, 17 por ciento de salvadoreñas y cinco por ciento guatemaltecas.
En 2017, según el estudio, sólo una mujer acusada de trata permanece en la referida prisión a la espera de que se le dicte sentencia después de su tercera apelación.
Un estudio realizado por organizaciones de derechos humanos detectó múltiples abusos en al menos seis casos de mujeres acusadas del delito de trata de personas.
Agencias
