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28/12/2015 – Chilpancingo – Aunque hasta el momento no tienen nada concreto, padres de los 43 normalistas desaparecidos observan las primeras señales de que se llegará a la verdad en torno a los ataques armados del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo que se habrá de materializar en la reunión que tienen programada con la Procuraduría General de la República (PGR) para el próximo 16 de enero.
Felipe de la Cruz, vocero de los jefes de familia agraviados por los hechos registrados en la cabecera municipal de Iguala, tomó parte de las actividades que este domingo se desarrollaron en dicha localidad.
Al término del mitin, De la Cruz sostuvo que ya hay señales más claras de que los interesados se están acercando a la verdad.
«Hoy, a 15 meses de distancia, vemos que el gobierno ya da muestras de querer hablar con la verdad, porque después de las últimas reuniones y de ver que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está incorporado a la Unidad Especializada de Investigación para el caso Ayotzinapa comenzamos a tener la certeza de que se caminará por el rumbo que siempre se debió seguir».
Sostuvo que la «verdad histórica», que en su momento defendió el ex procurador Jesús Murillo Karam, ya quedó completamente rebasada, porque las líneas de investigación que se siguen están apegadas al informe de los expertos avalados por la CIDH.
Respecto a las búsquedas que ha realizado la PGR en conjunto con la Marina en Iguala, De la Cruz señaló que no tiene mayor información, aunque probablemente se les indiquen algunos resultados en la reunión que tienen programada con la PGR para el próximo 16 de enero.
«Ese día nos van a explicar con detalle cuáles son las acciones que han realizado, principalmente lo que está relacionado con el plan de búsqueda que ellos diseñaron», anotó.
En un primer instante, los jefes de familia plantearon un reproche porque a 15 meses de los ataques armados no tienen avances concretos respecto a la pregunta de dónde están los 43 jóvenes desaparecidos.
Sin embargo, reconocieron que la inclusión de los especialistas de la CIDH en la Unidad Especializada de Investigación les da más certeza, lo que hace crecer la esperanza de que pronto conocerán la verdad.
Investigar vínculos
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales, solicitó que la PGR investigue los vínculos que hay entre varios políticos de la región norte con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, al menos los que se mencionan en declaraciones ministeriales de los detenidos por el caso Iguala.
Rosales indicó que en el expediente que se ha integrado a partir del caso Iguala, varios sicarios y líderes de Guerreros UJnidos han mencionado a representantes de la clase política de la región norte del estado, ya que se trata de militantes activos de PRI, PAN y PRD.
En el caso del PRD, mencionó el caso del actual presidente municipal de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo, quien permaneció 43 días bajo custodia de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada.
Ramírez Crespo sostiene que disfruta de una libertad absoluta, pues no se logró establecer ningún vínculo entre él y la estructura de Guerreros Unidos.
Sin embargo, el abogado Rosales sostiene que la versión de Ramírez Crespo no es real, pues de acuerdo con la información que tiene, la Seido lo dejó en libertad con las reservas de ley, ya que la investigación en su contra continúa.
Manifestó que Ramírez está en la misma circunstancia que su antecesor en el cargo, César Miguel Peñaloza Santana, quien había sido detenido y puesto en libertad por la PGR, pero finalmente volvió a ser capturado.
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