Orbe

Como siempre, pagan justos por pecadores

8/02/2019 – En todos los niveles de gobierno alcanzados a través del voto popular, hay de costos políticos a costos políticos.
No es lo mismo el costo político que se paga cuando quienes gobiernan asumen decisiones dolorosas pero necesarias, al costo político producto de mentes confundidas que solamente provocan desastres a la sociedad.
La decisión de no aplicar la ley y de no denunciar los grandes delitos criminales que se han cometido en México, están suscitando reacciones en cadena. Ahí el costo político es irreversible y la inversión irrecuperable.
El grave nivel de afectación al sector empresarial en Michoacán por un paro de maestros que bloquean las vías ferroviarias; la negativa del gobierno federal a no cobrarle los impuestos que (en sumas multimillonarias) adeuda desde hace muchos años una mafia de presuntos hombres de negocios; los paros o huelgas en la frontera de Tamaulipas azuzados por altos funcionarios federales, y el anuncio de que “el gobierno ya no detendrá capos, porque se acabó la guerra”, por decir una parte de lo más absurdo, habla de un Estado de derecho liquidado o por lo menos secuestrado.
Y ni hablar de la insensatez de acabar de la noche a la mañana con las guarderías, todo por culpa de una minoría corrupta y en perjuicio de miles y miles de madres trabajadoras en todo el país, lo que nos lleva a pensar que durante todo el sexenio federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, serán las masas las que paguen las decisiones precipitadas y delirantes que en aras de supuestamente extirpar el tumor de la corrupción, lo convertirán en una metástasis.
Ahí está igual la tijera asesina utilizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo plan de austeridad, según una nota del diario La Jornada, de antier, pone en jaque a los institutos nacionales de salud.
De acuerdo con esta información no desmentida por el vocero presidencial, “el personal médico, de enfermería y de apoyo (camilleros) contratado por honorarios o como eventuales a través del Seguro Popular, dejó de laborar en los institutos nacionales de salud, por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la política de austeridad”.
Esta “austeridad” tan cómoda, que le quita a la gente recursos públicos a los que tiene derecho de rango constitucional, podría causar, agrega el reportaje, “una gran crisis a partir de marzo, si el dinero sigue sin llegar, porque la atención médica de los pacientes no se detendrá ni se va a negar”, advirtieron trabajadores del Sector Salud federal.
Una crisis que ya llegó también al IMSS e ISSSTE, donde se proyecta echar a la calle a miles de trabajadores eventuales, que cumplen una función muy importante, en apoyo a la saturación que ya cargan los empleados sindicalizados.
TRAICIONAR UN JURAMENTO
Para los directivos que hacen creer que no hay tal crisis y que el asunto no es tan grave como se dice, muchos médicos y enfermeras, así como administrativos que procesan los servicios, consideran que los recortes ponen en riesgo la salud de los enfermos.
Cualquier observador analista político razonaría que esta nueva era donde por primera vez no gobiernan PRI y PAN desde el Ejecutivo Federal, podría ser también la primera donde las autoridades electorales exijan la aplicación de rigurosos exámenes psicológicos a todos los que aspiren a un cargo de elección popular.
Y básicamente esa exigencia se centraría en aquellos que, de acuerdo a sus derechos, vayan por la Presidencia de la República, las gubernaturas y las alcaldías.
No puede haber en puestos ejecutivos individuos que por un lado protesten guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y al mismo tiempo negar en los hechos, y sin ninguna consecuencia, el cumplimiento de ese juramento realizado ante toda la Nación. Podrían ser corruptos o estar locos.
FGCV AUMENTA SALARIOS Y PRESTACIONES
En el LI Aniversario de la Promulgación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó el premio estatal de antigüedad en el servicio público. Además dio respuesta al pliego petitorio, otorgando un aumento del 6 por ciento a los salarios de la burocracia, en capacitación y becas mil 500 pesos, y en canasta básica 3 mil 600 pesos. Respecto a quienes reciben un quinquenio alcanzan mil cien, dos quinquenios mil 350 y para tres quinquenios mil 850. Otras prestaciones fueron el bono de transporte de mil pesos, por el Día del Niño recibirán mil 500, Día de la Madre 3,200, Día del Padre 2,700, período vacacional 3 mil, y por útiles escolares el apoyo será de 3 mil 650 pesos.
¡Feliz fin de semana!