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7/08/2017 – México.- En lo que resta del año dejarán los penales federales 3 mil reclusos por el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Entre abril, mayo y junio salieron a diario casi cinco personas de estas cárceles.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob redujo de 25 mil a 22 mil su meta de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales por la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, cuyas directrices «privilegian medidas alternativas a la prisión y favorecen el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada».
Esto, explicó la autoridad encargada de administrar los penales federales, «ha impactado en el sistema penitenciario federal, al registrarse un mayor número de egresos y, en consecuencia, se refleja en la disminución de los reos en las cárceles».
De acuerdo con el informe trimestral enviado al Congreso de la Unión, al 30 de junio de 2017, 21 mil 528 personas permanecían recluidas, ya sea sentenciadas, procesadas o vinculadas a proceso, mientras que el corte del 31 de marzo del mismo año se reportó una población penitenciaria de 21 mil 956 internos.
Esto significa que solo durante el segundo trimestre de 2017 salieron de los penales 428 personas acusadas de algún delito, lo que entre 91 días da un promedio de 4.7 cada día.
«Es importante destacar que disminuyó el número de personas privadas de la libertad, debido a diversos movimientos de egresos por diferentes causales, como libertad por falta de elementos para procesar, compurgamiento de la pena, beneficios de libertad anticipada, traslados nacionales o internacionales con destino a otros centros penitenciarios.
«En cumplimiento a la nueva reglamentación jurídica, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se privilegian medidas alternativas», señaló el informe.
De hecho, este órgano dependiente de Gobernación advirtió que por el sistema se requerirán más plazas y recursos para operar los mecanismos de vigilancia remota de personas que, aunque sentenciadas, estarán en libertad.
En tanto, la CNDH consideró que las personas procesadas o sentenciadas, que estén en libertad, deben contar con credencial oficial que les permita ejercer su derecho a identificarse en igualdad de circunstancias con cualquier otra persona.
Agencias
