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Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su programa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno. Por el contrario, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un incremento de los índices de homicidios, pero además el crimen organizado se empeña en demostrar que, si las condiciones del país no cambian, seguirá sembrando el terror y corrompiendo la vida pública.
CIUDAD DE MÉXICO.- En lugar de disminuir “a partir del primer día” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como él prometió en su campaña, la criminalidad en el país va en aumento en los primeros cuatro meses, según dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que orilló al mandatario a poner un plazo fatal de seis meses para revertir esa tendencia.
Hasta el pasado 12 de marzo, el presidente insistió en que habían bajado los índices delictivos, a pesar de que cada mes los medios de comunicación publican los datos del SESNSP
Y aunque insiste en responsabilizar de la inseguridad a las administraciones pasadas, en este gobierno han ocurrido masacres similares a las del sexenio de Felipe Calderón, como aquella en que un grupo delictivo asesinó a estudiantes que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Calderón se apresuró a señalar que se trataba de ajustes entre bandas rivales.
La masacre
Ya en la administración lopezobradorista, el pasado 19 de abril, Viernes Santo, un comando irrumpió en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, y asesinó a 13 personas, incluido un bebé de un año. Dos días después, el 21, en Comalcalco, Tabasco, pistoleros ejecutaron a dos mujeres e hirieron a dos menores.
Al día siguiente unos automovilistas que volvían de vacaciones denunciaron que fueron víctimas de un asalto masivo en la autopista México-Acapulco. Hombres armados bloquearon la circulación y los despojaron de sus pertenencias en el tramo conocido como Los Túneles.
El 24 de abril Maricela Vallejo Orea, alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Veracruz, fue asesinada a balazos cuando iba en una camioneta por el municipio de Los Reyes.
Y en un hecho inusual, ‘El Marro’, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, amenazó a López Obrador con enviarle un “regalo” explosivo a su casa. Es el primer presidente de la República que recibe una amenaza directa del crimen organizado.
En una revisión de la estadística delictiva que el SESNSP publicó el 21 de abril, Guanajuato destaca entre los estados con la mayor incidencia con 947 asesinatos de enero a marzo. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez había festejado por todo lo alto el operativo Golpe de Timón, realizado en conjunto con la Marina a fin de arrinconar al Cártel de Santa Rosa, pero guardó silencio ante los datos oficiales sobre la violencia. ‘El Marro’ sigue libre.
El número de homicidios dolosos reportado por el SESNSP en Guanajuato es “el más alto registrado en la historia reciente del país para cualquier estado de la República, con lo que se vive una situación que podría ser considerada similar a un ‘estado de excepción”, según la investigación de México Social, realizada por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, que la publicaron el pasado 21 de abril.
Nueva impunidad
En el Estado de México se han incrementado sobre todo los feminicidios y la desaparición de mujeres, señala Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Atribuye el exponencial aumento de casos de desaparición desde 2006 al menos a cuatro hechos: la confrontación entre el gobierno y los grupos del narcotráfico, que motivó a éstos a defender los que consideran sus territorios; que se diera prioridad a la captura de los líderes de los grupos criminales; el crecimiento del mercado interno de las drogas, y que se haya privilegiado el uso de la fuerza para atacar el problema.
Sin embargo, a decir de Cortez, al inicio del gobierno de López Obrador se privilegia la impunidad, al no perseguir a las bandas delictivas.
En Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el fiscal de la zona Norte, Jorge Nava, atribuyen a la guerra entre cárteles la tendencia ascendente del crimen que se sostuvo hasta marzo, mientras que en Guerrero surgieron nuevos grupos de autodefensa que las autoridades vinculan con la delincuencia, sobre todo en zonas donde el gobierno de Héctor Astudillo impulsa desarrollos mineros: las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente.
Corrupción, complicidad e infiltración
El pasado 5 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente López Obrador anunciaron que están disminuyendo los delitos patrimoniales gracias a la coordinación entre militares y policías federales, estatales y municipales. Sin embargo, al comparar las cifras oficiales del primer trimestre de 2018 y el de 2019 no se advierte reducción alguna.
El año pasado se registraron en dicho periodo mil 239 robos a casa habitación; en 2019 van 2 mil 6, según las estadísticas del SESNSP.
El pasado 1 de marzo arrancó de manera formal la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, con el operativo Bases de Operación Interinstitucionales (BOIS). A los 10 días se informó de la detención de 20 personas y el decomiso de cuatro armas cortas y 10 largas, más de 2 mil dosis de distintas drogas, 18 autos y seis motos.
Alfaro Ramírez confirmó: “Sería un error evaluar los resultados de este operativo en términos de detenciones (…) El propósito central de estas operaciones es reforzar la presencia que, por las limitaciones en nuestro estado de fuerzas estatales, municipales y federales, teníamos que resolver de alguna forma”.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, la principal causa de que la incidencia delictiva no disminuya es la corrupción de las fuerzas del orden y la falta de capacidad de sus mandos para dirigirlos, porque llegaron al cargo por amistad o compadrazgo con gente poderosa.
Refiere que el crimen organizado está infiltrado en las policías de los tres órdenes de gobierno “y en algunos casos hasta en las fuerzas armadas”, dado su poder económico y político.
En Baja California, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Raúl Baena, cuestiona: “Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policiacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué? Porque las corporaciones federales, estatales y municipales son fuente de recursos ilegales, producto de amplias y complejas redes de corrupción, de mordidas, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia… Mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, nada se va a resolver.
“AMLO ha apostado demasiado a la Guardia Nacional, que es una reedición de la estrategia militar de combate a la delincuencia organizada que provoca la violencia en el país, lo que no presagia el éxito a no ser que se actúe a sangre y fuego, con el riesgo de que continúen las violaciones graves a los derechos humanos”.
Este estado cuenta con ciudades como Tijuana, una de las más violentas del mundo, con 138 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, la violencia que arreció en el noreste de Tamaulipas desde finales de 2018 fue atribuida por los gobiernos estatal y federal a nuevas disputas entre numerosas bandas escindidas de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que se dividieron tras la detención de sus capos, como lo han revelado la DEA y el Ejército Mexicano.
