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El gobierno de Estados Unidos desarrollará en México dos bases de datos genéticos para impulsar que las autoridades mexicanas comiencen a emplear el ADN como una herramienta en el combate al crimen y a la trata de personas.
En 2020 el Departamento de Estado de ese país implementará proyectos paralelos con miras a construir archivos genéticos de criminales, escenas de delito y hasta polleros, de acuerdo con documentos oficiales.
El primer proyecto corresponde al “programa forense” de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) del Departamento de Estado, que de acuerdo con la prelicitación 191NLE20N0008a —a la que este diario tuvo acceso—, tiene como objetivo que se aumenten las capacidades en materia de genética de las áreas de seguridad de México.
El segundo proyecto, también ya aprobado, implicará financiar con 8 millones de dólares la construcción de bases de datos genéticos entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador para identificar a coyotes que operan en la región.
Según se establece en la prelicitación 191NLE20N0008a, se buscará concretar a escala federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), una base de datos de ADN con muestras tomadas de criminales. El esfuerzo se complementará a escala regional en cinco fiscalías estatales: Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Chiapas y Yucatán.
“Como parte del programa forense INL, el objetivo de este proyecto es aumentar las capacidades de la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) y cinco oficinas del fiscal general del estado de (Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Yucatán), incluidos en esta fase del proyecto para compartir evidencia genética recopilada de delincuentes y escenas del crimen a través de una base nacional genética de datos», se lee en el documento.
La toma de muestras genéticas de escenas de crimen se ha convertido en un procedimiento común de distintas agencias de seguridad estadunidenses, que han conformado un banco de datos nacional al que se envían perfiles y fichas de ADN de criminales. Cuando una nueva muestra es incluida en la base de datos, permite identificar a un posible criminal con una tasa elevada de certidumbre.
Pese a ello, numerosas organizaciones civiles también han manifestado su preocupación por el potencial de abuso que conlleva el “perfilismo genético” o uso indiscriminado de ADN para condenar a criminales.
En México, una base similar se intentó construir como parte de la Plataforma México durante el sexenio de Felipe Calderón; el proyecto fue abandonado durante la administración de Enrique Peña Nieto.
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La prelicitación fue publicada por el Departamento de Estado la víspera de la Navidad, por la mañana del 23 de diciembre, y debe ser respondida por las empresas interesadas, máximo, el próximo 13 de enero.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, la creación de una base de datos genética nacional funcional en México ayudará entre otras cosas a identificar delincuentes, fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías mexicanas y elevar las tasas de condena, combatiendo la impunidad en el país.
Las especificaciones técnicas del proyecto incluyen 11 procesadores de la marca Lenovo, 25 estaciones de trabajo que incluyan sistemas operativos, antivirus y fuentes de carga eléctrica ininterrumpible, además de nueve cintas de almacenamiento TS2900.
En forma paralela, el Congreso de Estados Unidos aprobó la entrega de no menos de 8 millones de dólares a México y Centroamérica para que desarrollen una serie de programas forenses en materia de ADN con la intención de combatir el tráfico de migrantes e identificar a polleros y coyotes que operan en la región.
Dichos fondos se derivarán de los recursos provistos para la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Carsi, por sus siglas en inglés) y a la asistencia a México, de acuerdo con el Presupuesto de Operaciones Foráneas 2020 del Departamento de Estado.
El presupuesto comenzó a aplicarse en noviembre pasado. En el texto de la ley aprobada por el Comité de Apropiaciones del Congreso de EU se explica que contar con una base de datos genética es una herramienta eficaz para disuadir y prevenir la trata de personas, al lograr la plena confirmación de identidades de todos los involucrados, tanto víctimas como victimarios.
“El Comité toma nota de que la ciencia forense del ADN y las bases de datos de ADN tienen una capacidad única para confirmar identidades y han demostrado ser una herramienta eficaz para disuadir y prevenir la trata de personas”, asegura.
En el reporte, presentado por la demócrata Nita Lowey, se asegura que el Comité de Apropiaciones espera que el Departamento de Estado trabaje conjuntamente para “desarrollar aún más la capacidad de los gobiernos de Centroamérica y México para utilizar la ciencia forense de ADN y las bases de datos para combatir la trata de personas”.
Agencias
