Header_728x90 GPT Adslot5
8/10/2015 – En un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras sobre violaciones a los derechos humanos en México “son simplemente impactantes”. Ello al mismo tiempo que el impacto del crimen organizado está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones reduce el conjunto de leyes a meras palabras en papel, sentenció el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar”, dijo el máximo representante de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo con cifras oficiales, hay 151,233 personas asesinadas entre diciembre del 2006 y agosto del 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.
Desde el 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. “Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”, criticó.
Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México queda sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. “Por tanto, no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura, no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros”, alegó en conferencia de prensa al término de su visita al país, la cual tuvo lugar del 5 al 7 de octubre.
Ra’ad Al Hussein respaldó “por completo” las declaraciones hechas el viernes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al final de su visita a México en el sentido de que el país vive una grave crisis en materia de derechos humanos.
Si bien el funcionario internacional condenó la violencia atribuida a la delincuencia organizada, “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.
Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa llamaron especial atención de la comunidad internacional. Sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala hace poco más de un año, el diplomático internacional refirió que “es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.
El príncipe de Jordania dio su aval al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismo que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con ello descartó la versión original de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal.
El 30 de junio del 2014, autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de 15 años. “Sólo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura”, apuntó.
La reticencia del gobierno a críticas internacionales sobre la situación de derechos humanos es contrario al papel que juega México en el consejo, e indicó que esta postura no debe ser opción para la clase política electa por los ciudadanos.
“Desde hace tiempo, México ha sido muy generoso en sus invitaciones (…) Por tanto, ha sido una sorpresa para nosotros cuando el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos.
“Desafortunadamente esta intolerancia ante la crítica pública se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales sobre México (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, dijo.
“Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en el país no es un opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado, cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio”, sentenció.
Agencia
