LOS HECHOS

José I. Figueroa

11/09/17

Encharcar al Estado

Lo que el Gobierno del Estado mandó al Congreso Local como una iniciativa para reestructurar la deuda pública, en realidad es una promoción para endeudar a la entidad como nunca antes había estado, elevando a más del doble el tamaño de los compromisos.
En añadidura, las justificaciones de motivos argüidas navegan entre las inconsistencias, la ilógica y a ratos, las mentiras de plano, que en cada caso representan más carga a los dineros del pueblo hechas presupuesto.
La promoción de marras pretende que el gobierno estatal se endeude hasta por 10 mil 295 millones 910 mil 643 pesos con 80 centavos, para pagar siete de los once créditos de deuda directa que ya tiene, más 251.1 millones que le costará el trámite.
La explicación es que lo hace, porque puede gracias a su sólida calificación y porque libra las fronteras de la Ley Federal de Disciplina Financiera; porque con ello va a disponer de liquidez al desgravar el impuesto sobre nómina y va a negociar mejores tasas, mediante una licitación pública a ver qué banco le da mejores condiciones.
Hasta ahí todo parecería normal con el hecho de que solo se fuera a cambiar de acreedor y se seguiría debiendo lo mismo, pero no es así.
Solo ahí la deuda de 967.9 mil millones ya se hicieron 10.2 miles de millones de pesos, con el crédito adicional “para trámites y fondos afianzadores”.
Lo de la “sólida calificación” -la mejor de la región- se desdice en las primeras de cambio, cuando afirma que al cambiar la fuente de pago “mejorará sus condiciones para negociar tratos preferentes”, pero luego habla de otro crédito para crear un “fondo de garantía” y más adelante agrega la contratación de otras líneas de crédito adicionales, “para garantizar los pagos”: otro crédito -no computado- para pagar el nuevo crédito, “cuando no tenga para abonarle”.
Por ahí sigue creciendo el endeudamiento de Tamaulipas en niveles de escándalo.
Las autoridades han venido hablando de una deuda pública directa de más de 13 mil millones de pesos, pero ese monto corresponde al total de los créditos contratados por los dos anteriores sexenios, la cual a junio de este año -último corte público- ascendió a 11 mil 565.1 millones de pesos.
De esos, casi la mitad, 5 mil 361.8 millones, desde su origen no están gravados por el impuesto sobre nóminas, que es el argumento principal de la pretendida reestructura, es decir, no abonan a la “liquidez inmediata” del Estado.
Lo que es más, el crédito afianzado por el ISN en este año ha bajado de 5 mil 922 a 5 mil 686 millones, mientras los demás créditos afectados por participaciones -a los que se pretende pasar todos- ha crecido de 5 mil 333 millones a 5 mil 361.8, lo que marca una curva invertida, pese a los abonos aplicados y muestra su mayor carestía.
Pero el galopante endeudamiento que pretende la actual administración estatal se mide más marcadamente en otras aviesas intenciones de la iniciativa.
El crédito principal de 6 mil millones contratado en el penúltimo año de la gestión de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, está programado para liquidarse en 12 años más; la intención es mandarlo, con todos los demás, a 25 años, es decir seguir pagando por él más del doble del plazo remanente, con sus respectivos intereses multiplicados.
El Presupuesto de Egresos del Estado de este año, destina recursos por 450.3 millones a la amortización de la deuda, más 837.3 millones al pago de intereses y 253 mil pesos para cubrir coberturas.

 

 

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