LOS HECHOS

José Inés Figueroa Vitela

25/06/2017

TRABAJO: LAS REGLAS CAMBIAN

El mercado laboral en Tamaulipas ha cambiado diametralmente.
Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su último balance, arroja que en lo que va del año se han creado 19 mil nuevos empleos formales en el Estado, predominantemente en el sector manufacturero, tales cifras no pueden leerse literalmente.
Con todo y la “celebración” de la Secretaria del Trabajo del Estado, MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, por la presunta disminución de los índices de desempleo del 5.4 a 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, son muchos los factores a considerarse.
Uno de ellos, por supuesto, es el hecho del sistema en algunas de esas empresas “golondrinas”, que invariablemente al cierre del ejercicio anual, realizan despidos masivos, para recontratar en el nuevo año, para escamotear derechos laborales.
Pero aunque el registro del Seguro Social ha sido el rasero para medir las dimensiones del mercado laboral formal, la máxima entra en la marginación, frente al fenómeno de temporada en la entidad, donde los despidos masivos permea hacia las esferas que siendo formales, no están alineadas al sistema de seguridad social general.
Nos referimos, por supuesto, a la plantilla laboral del sector público estatal.
Más allá de los 3 mil 200 funcionarios de los más variados niveles sobre los que llegó “haciendo limpia” la nueva administración panista o incluso los 12 mil burócratas sindicalizados a los que igual se le ha estado metiendo mano de manera indiscriminada.
Suman -o sumaban- en la plantilla general de los tres poderes del Estado y sus entes públicos, incluido el sector educativo y los servicios de salud pública, más de 90 mil tamaulipecos con ocupación dentro del aparato gubernamental estatal.
Según los trascendidos, antes de asignarles una tarea ejecutiva, los titulares de las distintas áreas gubernamentales recibieron una instrucción desde la cúpula del poder: reducir las respectivas nóminas en un 20 por ciento.
En eso mantienen ocupados sus afanes los primeros colaboradores del Ejecutivo y si logran cumplir la meta, o se mantiene esta hasta sus últimas consecuencias, 18 mil trabajadores que no están afiliados al IMSS, andarán en la calle muy cerca de los 19 mil, que dice la Secretaria de Trabajo, ya se acomodaron en las “empresas formales” de la iniciativa privada.
Si quiere sumarle pesimismo a la escena, la mayoría de los “nuevos empleos” creados con el actual gobierno, se concentran en la industria maquiladora reynosense, ocupados por gente que viene de fuera -los más veracruzanos-, dispuestos a los raquíticos salarios y eventualmente habitar cordones de miseria, alejados de la mancha urbana, para el goce de los especuladores inmobiliarios.
Pero tampoco todo es obscuridad en el horizonte; en la escala grisácea hay que acomodarse a las nuevas realidades, reconocer el innovador mercado laboral para ir a su encuentro y buscar caer medianamente parado para poder subsistir.
Aquí y ahora, hay que ser “ciudadanos”, porque eso es de lo único que hay trabajo por estos tiempos.
Las convocatorias abundan: las instituciones públicas buscan consejeros, fiscales, jueces, asesores, “representantes del pueblo” que vayan a ocupar las nuevas estructuras en las que descansarán las otras ausencias de temporada.
El Sindicato Patronal victorense fue al Congreso a proponer 25 sujetos que supuestamente consensuó con otras agrupaciones, para formar parte del Comité de Selección de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Otras propuestas habían llegado ya, y llegarían más, seguramente, al cierre, este jueves a la media noche, para escoger a los 9 miembros de ese ente, cuya función será escoger a otros cinco, del grupo ciudadano “que dará seguimiento” al cumplimiento del Sistema Anticorrupción de marras.
Antes, más de 100 personajes se apuntaron igual, unos buscando ser Fiscal Anticorrupción, otros contralores internos de cinco entes públicos estatales autónomos y no son pocos quienes rondarán ser Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, todos, en el mismo nuevo andamiaje “anticorrupción”.